"Mercadeo de favores, comisiones, regalos y recompensas para ganar los concursos y adjudicaciones". Así define el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, la dinámica que se siguió en una de las empresas clave de la trama, la multinacional Cofely, por parte de cabecillas de la red así como por concejales y alcaldes de más de una decena de consistorios madrileños implicados en esta trama. De acuerdo con el instructor, el amaño continuado de contratos de eficiencia energética conllevó además el reparto de dádivas que en su conjunto alcanzan los 2,3 millones de euros.
Así se desprende del auto mediante el cual el juez registra formalmente esta pieza sexta de la macrocausa de corrupción. Se trata de una de las líneas de investigación más avanzadas del caso Púnica (de hecho, ya puso coto a esta pata concreta de la red el pasado mes de marzo) y que suma un total de 57 investigados, entre ellos ex altos cargos de la compañía que reconocieron la existencia de esta práctica en sede judicial. Tanto es así que el instructor admite en su escrito, al que ha tenido acceso La Información, que algunos empleados relataron los pormenores de esta línea de actuación "con precisión milimétrica".
"Los investigados director general (Didier Maurice), miembros del comité de dirección y profesionales del staff durante el periodo 2012 al 2014, cooperaron a realizar los presuntos actos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, bien de forma voluntaria y consciente o voluntariamente mirando para otro lado, incumpliendo así sus responsabilidades corporativas y su obligación de conocer, sin querer saber algunos de ellos los hechos que se venían repitiendo en su presencia en los tres años investigados", apunta el magistrado.
"Búsqueda feroz" de contratos
El instructor denuncia que se produjo una "búsqueda feroz" de contratos en los municipios de la Comunidad de Madrid que contrataron con la multinacional y que son Valdemoro, Móstoles, Collado Villalba, Alcalá, Torrejón de Velasco, Parla, Moraleja de En Medio, Almendralejo, Brunete, Serranillos del Valle y Casarrubuelos. En todos ellos se puso en marcha una dinámica muy similar consistente en el control y en algunos casos hasta redacción de pliegos de licitación para asegurarse que la multinacional sería la beneficiaria de los contratos de urbanismo e iluminación. A cambio, las personas implicadas -entre las que se encuentra el constructor confeso David Marjaliza- recibieron importantes mordidas y regalos.
El 'modus operandi' era el siguiente: los entonces miembros del departamento comercial establecían un primer contacto con los consistorios y, a partir de ahí y en connivencia con alcaldes y ediles, se ponía en marcha una dinámica de control de todos los servicios técnicos. El juez explica en su escrito que la infiltración llegó a ser "total" en la mayoría de municipios aprovechando de la falta de recursos técnicos. En esta trama participaron también consultoras de su círculo de confianza que elaboraron trabajos de campo utilizados por Cofely para "realizar bajo cuerda" sus propias recomendaciones en estas licitaciones.
Dádivas de hasta 500.000 euros
Así fue como lograron desmarcarse de la competencia y redactar directamente los pliegos de licitación, fijando hasta el precio de los contratos. Y no solo eso, también simularon ofertas y precios de otras mercantiles fingiendo una falsa concurrencia al concurso porque estas empresas eran en realidad sociedades instrumentales de otros implicados en la red como el propio Marjaliza (que reconoció estos extremos en el marco de su compromiso de colaboración con la Justicia) y su entonces socio Eduardo de la Peña.
En lo que respecta al pago de comisiones, el magistrado se hace eco de las revelaciones de otros exdirectivos en la Audiencia Nacional como es el caso de Constantino Álvarez o Pedro García. Ambos explicaron que el pago de las mordidas se encubría bajo conceptos fijos en la empresa como lo eran 'Project Management o Success Fees'. "En un primer momento, las partidas eran identificadas con el concepto 'commission fee'. Sin embargo, en adjudicaciones posteriores se utilizaron otras expresiones. Todos estos conceptos ficticios no tenían otra finalidad desviar fondos de la adjudicación", concluye el juez.
Esas cuantías fueron a parar a los técnicos y ediles implicados en la trama los cuáles recibieron mordidas que van desde los 25.000 euros que percibió el exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, hasta el medio millón de euros que pactó el exregidor del consisitorio de Parla, José María Fraile. El propio Marjaliza confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos imputados en esta sexta pieza del caso Púnica.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios