Asunción, 23 abr.- La Corte Suprema de Justicia de Paraguay abrió hoy la vía para dilucidar legalmente si unas tierras donde ocurrió una matanza en 2012 que llevó al cese del entonces presidente, Fernando Lugo, son del Estado o de una poderosa familia del país.
El tribunal declaró inconstitucional un recurso de la empresa de la familia Riquelme, que intentaba impedir que avance una acción de nulidad interpuesta por el Estado contra una sentencia anterior en el caso que le daba la razón.
"Es un pasito, una pequeña luz, que dice que el Estado puede seguir reclamando por la titularidad de la tierra", dijo a Efe Vicente Morales, abogado de cinco campesinos acusados de intento de homicidio por la matanza, ocurrida cuando la policía intentó desalojar a un grupo de labriegos que había ocupado el terreno.
En 2005 un tribunal dio la titularidad de las tierras a la empresa Campos Morombí, de los Riquelme, por la vía legal de usucapión, que da la propiedad de un inmueble a quien lo cuida durante un largo período de tiempo.
El Instituto Rural y de la Tierra (Indert), una entidad estatal, presentó una acción de nulidad contra esa resolución.
Los terrenos se conocen como Marina Cué, Tierras de la Marina, en guaraní, porque las Fuerzas Armadas los ocuparon durante décadas.
En el lugar se produjo el enfrentamiento que dejó a seis policías y a once labriegos muertos en 2012, y provocó una semana más tarde la destitución de Lugo en un controvertido juicio político en el Congreso.
El tiroteo ocurrió cuando unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional trataban de desalojar a una treintena de campesinos que ocupaban las tierras para reclamar que se incluyeran en el reparto de la reforma agraria.
Cinco campesinos están acusados de intento de homicidio e invasión de inmueble ajeno por la muerte de los policías, mientras que no hay imputados por el fallecimiento de los labriegos.
Hoy la Corte Suprema le dio la razón al Indert por unanimidad, por lo que esa entidad podrá seguir el proceso legal en el que pide que la Justicia determine que el verdadero titular del terreno es el Estado.
La fiscalía, en cambio, apoyó la acción de inconstitucionalidad presentada por la familia Riquelme.
Los cinco campesinos acusados de la matanza levantaron el pasado 13 de abril una huelga de hambre de 58 días para reclamar su liberación después de que la Justicia sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio, previsto para junio.
No obstante, Rubén Villalba, considerado el líder, continúa en prisión porque tenía una causa anterior por ocupación de inmueble.
El eurodiputado español Willy Meyer (IU) y otros 12 europarlamentarios solicitaron la semana pasada una investigación independiente sobre la matanza ocurrida en la localidad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción, al considerar que se están produciendo "graves irregularidades".
"Nos preocupa la falta de imparcialidad e independencia en los procedimientos de investigación de los hechos ocurridos", afirmaron los eurodiputados en una misiva dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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