Mensajes internos del Ejército de Tierra desvelan que los militares españoles han realizado prácticas con explosivos utilizando munición considerada inútil, un material que debía haber sido destruido y desmilitarizado, según la normativa, pero que fue entregado a los profesionales de las Fuerzas Armadas para sus entrenamientos. Las comunicaciones en las que se autoriza el uso de esa munición estado 40 -en lenguaje técnico- datan de 2007 y hacen referencia a una serie de ejercicios E.O.D. (Desactivación de Explosivos) en las maniobras anuales de Ingenieros, EPING. Años después cinco militares murieron como consecuencia de la explosión de este material inútil y otros dos resultaron heridos de gravedad.
En concreto, fue el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre (JEMFUTER) quien, a través de una comunicación cerrada y oficial, solicitó a la Dirección de Sistemas de Armas (DIRSAR) y al Mando Logístico (MALOG) poder usar ese material obsoleto con el objetivo de mantener la operatividad y no perder una oportunidad única de adiestramiento, se puede leer en un mensaje fechado el 11 de enero de ese año y que se reproduce a continuación.
La DIRSAR dio el visto bueno una semana más tarde: "Por parte de esta dirección se autoriza que (…) para la realización de prácticas EOD podrá disponer de municiones como misiles, cohetes, proyectiles de artillería, proyectiles para carros de combate y morteros, siempre cuando estos se encuentren en estado inútil (estado 40)", se puede leer en el mensaje al que ha tenido acceso La Información. Y añade: "La munición inútil que se encuentre incluida en expedientes para su destrucción o desmilitarización podrá ser entregada para la realización de este tipo de ejercicios".
Unos años más tarde, en febrero de 2011, cinco militares fallecían y dos resultaban heridos de gravedad en un accidente en Hoyo de Manzanares. Se les estregó ese tipo de material inútil. Los supervivientes siguen peleando casi una década después por esclarecer lo ocurrido. Lo hacen porque el propio Ministerio de Defensa ha revocado recientemente el uso de este material. "No se suministrará, en ningún caso, munición en estado inoperativo o inútil, dado que está prohibido su uso para prácticas en el marco de la instrucción o enseñanza", se puede leer en una respuesta que ofrece el Ministerio que dirige Margarita Robles a una pregunta realizada a Transparencia por uno de los heridos en la tragedia.
Y añade el departamento de Margarita Robles: "El Manual Técnico MT-606 'Normas para la clasificación, conservación, inutilización, almacenamiento y transporte de la munición (1ª Edición)', con fecha de entrada en vigor 24/09/2019, señala que el destino final de la munición inútil es la desmilitarización o la destrucción. En consecuencia, la munición declarada inútil no se emplea para ningún propósito de instrucción y adiestramiento, tal y como refleja el oficio de marzo 2017 de la División de Logística del EME, no se suministrará, en ningún caso, munición en estado inoperativo o inútil, dado que está prohibido su uso para prácticas en el marco de la instrucción o enseñanza. Anteriormente a esta publicación militar, y desde 1999, el MT7-023 también definía la munición inútil como aquella que no es apta, en su estado, para ningún tipo de empleo, debido al riesgo que entraña su utilización, por lo que debe procederse a su desbarate o destrucción", se puede leer en la respuesta firmada por el director general de Armamento y Material que delega en el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, Alfonso Francisco Torán Poggio.
"Dado que el destino final de la munición inútil es la desmilitarización o la destrucción, no se utiliza para ningún tipo de prácticas o ejercicios con explosivos" por el peligro que entraña, incide el alto mando castrense en el mismo texto. Una versión totalmente opuesta a de la DIRSAR y que, por tanto, contradice las órdenes que se dieron de forma interna en 2007.
El problema, añade la respuesta de Defensa, es que el explosivo de la tragedia de Hoyo de Manzanares fue usado porque se encontraba en el SIGLE, la base de datos interna de material del Ejército de Tierra. Así lo explica el Ministerio: "El SIGLE (Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército) es una herramienta que permite la gestión integrada de la actividad logística de abastecimiento, mantenimiento, transporte y adquisiciones. El SIGLE registra todo el material del Ejército de Tierra durante todo su ciclo de vida, reflejando en todo el momento su estado operativo, incluido aquel que se encuentra en estado 40/inútil hasta que se procede a su baja en el inventario del Ejército y a su desmilitarización/destrucción, en el caso de municiones". "El hecho de que una munición se encuentre registrada en el SIGLE no significa que esté disponible o pueda ser servida a las unidades para sus prácticas", añade. Pero es lo que ocurrió.
Es importante destacar también que el informe técnico del Ejército de Tierra obrante en las actuaciones judiciales de Hoyo de Manzanares, y al que ha tenido acceso La Información, señala que las minas modelos C3B, las usadas en Hoyo, fueron catalogadas tres meses antes de la tragedia como inútiles, debiendo, por tanto, haber sido destruidas por los cauces reglamentarios establecidos.
¿Por qué entonces a los militares de Hoyo sí se les suministró material que debía haber sido desmilitarizado o destruido? En este punto es importante remitirse a una respuesta parlamentaria que ofrece el Gobierno a los diputados de Vox Agustín Rosety y Alberto Asarta fechada el pasado mes de junio. Defensa reconoce en ese escrito que "sólo se incluyen en el Crédito Anual de Consumo de las unidades las municiones cargadas en el SIGLE en los estados ÚTIL-1 o ÚTIL-2 (consumo preferente)". Pero añade: "Si bien, la munición clasificada como INÚTIL, por su valor patrimonial, debe aparecer en el inventario del SIGLE (en estado 40) hasta que se ejecute el destino final autorizado en el expediente de baja correspondiente (destrucción o desmilitarización)".
Un caso judicial paralizado desde hace casi dos años
El teniente José Manuel Candón y el ahora brigada Raúl González son los únicos militares que pueden contar lo sucedido aquel día en Hoyo de Manzanares. Ambos tuvieron que pasar al retiro con una discapacidad del 79% y el 97%. Hace casi tres años el Tribunal Militar Primero decidió reabrir el caso de la tragedia al apreciar algunas cuestiones a tener en cuenta en el archivo de la causa. Pero desde marzo de 2019 no han recibido contestación. Todo está parado, a pesar de las sucesivas actuaciones solicitadas por las víctimas. Hay que recordar que un coronel ya denunció públicamente la parálisis del caso.
No fue fácil para Candón y González conseguir la reapertura de la causa más de cuatro años y medio después de su archivo, donde la titular del Juzgado Togado Militar Territorial Número 11 no apreció responsabilidad penal alguna amparando el uso de este tipo de munición por considerarla fiable y estable y que en el Informe Técnico del Ejército de Tierra no había nada importante que reseñar.
En este informe pericial, de parte, ya se apunta a la posibilidad de que pudo existir alguna negligencia y que esos errores pudieron provocar el mortal accidente. Se señala en concreto a la cadena de custodia de los explosivos, al almacenamiento de los mismos y al origen de las cargas. Se cita, también, un error considerado grave en el tratamiento de las minas, ya que en el fallo pudo influir la caducidad de los artefactos correspondientes a un lote de 1974. Esa munición -añade el informe- estaba catalogada como inútil (Estado 40) y ser destruida, nunca emplearse en ejercicios, como ha reconocido Defensa por escrito. Además, el Tribunal Militar Primero apreció que el Juzgado Togado no tuvo en cuenta a la hora de valorar la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales del personal militar.
Para más inri, recientemente el Consejo de Estado en uno de sus dictámenes de uso y acceso público menciona que en otro accidente acaecido en el año 2013 en Almería en distintas circunstancias donde fallecieron otros 3 desactivadores de explosivos del Ejército de Tierra el tipo de munición empleada se encontraba también en estado inútil. Los tribunales deberán esclarecer ahora si era una práctica habitual entregar a los militares ese tipo de material para practicas en lugar de destruirlo y desmilitarizarlo.
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