El Ministerio de Defensa reconoce, por primer vez en casi diez años, que las prácticas con explosivos de Hoyo de Manzanares que acabaron en tragedia, con cinco militares muertos y dos heridos de gravedad, nunca debieron celebrarse. O, al menos, que no debieron realizarse con las minas que les suministraron a los especialistas ya que estaban catalogadas como "inútiles" y, por tanto, debían haberse desmilitarizado o destruido. Es una novedad importante en el caso que afecta a esos dos militares que sobrevivieron al accidente y las familias de los fallecidos, que siguen peleando en los tribunales por esclarecer lo sucedido en cuartel situado al norte de Madrid aquel día de invierno de 2011.
24 de febrero. Campo de Tiro de 'El Palancar', en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares. Ese día en las instalaciones situadas al norte de Madrid se encontraban algunos de los mayores expertos en desactivación de explosivos (EOD) de las Fuerzas Armadas. De repente, una explosión durante un ejercicio de instrucción provocó la muerte de cinco militares y heridas de gravedad a otros dos. Fue una mañana aciaga para los militares que llegó a movilizar a la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón; al Jemad, que era José Julio Rodríguez (hoy jefe de gabinete de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia segunda); y al, en ese momento, Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que presidió el funeral. Ahora, casi una década después, Defensa admite que el protocolo no se hizo bien.
"No se suministrará, en ningún caso, munición en estado inoperativo o inútil, dado que está prohibido su uso para prácticas en el marco de la instrucción o enseñanza". Es la respuesta que ofrece el Ministerio que dirige Margarita Robles a una pregunta realizada a Transparencia por uno de los heridos y a la que ha tenido acceso La Información. Es, como decimos, toda una novedad ya que abre la puerta a que los heridos y familiares de los militares fallecidos puedan esclarecer qué ocurrió esa mañana y por qué les suministraron explosivos inútiles.
"El Manual Técnico MT-606 'Normas para la clasificación, conservación, inutilización, almacenamiento y transporte de la munición (1ª Edición)', con fecha de entrada en vigor 24/09/2019, señala que el destino final de la munición inútil es la desmilitarización o la destrucción. En consecuencia, la munición declarada inútil no se emplea para ningún propósito de instrucción y adiestramiento, tal y como refleja el oficio de marzo 2017 de la División de logística del EME, no se suministrará, en ningún caso, munición en estado inoperativo o inútil, dado que está prohibido su uso para prácticas en el marco de la instrucción o enseñanza. Anteriormente a esta publicación militar, el MT7-023 también definía la munición inútil como aquella que no es apta, en su estado, para ningún tipo de empleo, debido al riesgo que entraña su utilización, por lo que debe procederse a su desbarate o destrucción", se puede leer en la respuesta firmada por el director general de Armamento y Material que delega en el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, Alfonso Francisco Torán Poggio.
"Dado que el destino final de la munición inútil es la desmilitarización o la destrucción, no se utiliza para ningún tipo de prácticas o ejercicios con explosivos" por el peligro que entraña, incide el alto mando castrense en el mismo texto.
El problema, añade la respuesta de Defensa, es que el explosivo fue usado porque se encontraba en el SIGLE, la base de datos interna de material del Ejército de Tierra. Así lo explica el Ministerio: "El SIGLE (Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército) es una herramienta que permite la gestión integrada de la actividad logística de abastecimiento, mantenimiento, transporte y adquisiciones. El SIGLE registra todo el material del Ejército de Tierra durante todo su ciclo de vida, reflejando en todo el momento su estado operativo, incluido aquel que se encuentra en estado 40/inútil hasta que se procede a su baja en el inventario del Ejército y a su desmilitarización/destrucción, en el caso de municiones". "El hecho de que una munición se encuentre registrada en el SIGLE no significa que esté disponible o pueda ser servida a las unidades para sus prácticas", añade.
En el mismo documento el alto mando militar asegura que, en la actualidad, "en ningún caso se distribuye munición o explosivos en estado 40/ inútil". ¿Por qué entonces a los militares de Hoyo sí se les suministró material que debía haber sido desmilitarizado o destruido? En este punto es importante remitirse a una respuesta parlamentaria que ofrece el Gobierno a los diputados de Vox Agustín Rosety y Alberto Asarta fechada el pasado mes de junio. Defensa reconoce en ese escrito que "sólo se incluyen en el Crédito Anual de Consumo de las unidades las municiones cargadas en el SIGLE en los estados ÚTIL-1 o ÚTIL-2 (consumo preferente)". Pero añade: "Si bien, la munición clasificada como INÚTIL, por su valor patrimonial, debe aparecer en el inventario del SIGLE (en estado 40) hasta que se ejecute el destino final autorizado en el expediente de baja correspondiente (destrucción o desmilitarización)".
Es importante destacar también que el informe técnico del Ejército de Tierra obrante en las actuaciones judiciales al que ha tenido acceso La Información señala que las minas modelos C3B, las usadas en Hoyo fueron catalogadas tres meses antes de la tragedia como inútiles, debiendo ser destruidas por los cauces reglamentarios establecidos..
INFORME
Un caso judicial parado desde hace más de dos años
El teniente José Manuel Candón y el ahora brigada Raúl Alfonso son los únicos militares que pueden contar lo sucedido aquel día en Hoyo de Manzanares. Ambos tuvieron que pasar al retiro con una discapacidad del 79% y el 97%. Candón, por ejemplo, perdió un ojo y el 85% de la visión del otro. Ahora se dedica al triatlón, con limitaciones. Hace casi dos años y medio el Tribunal Militar primero decidió reabrir el caso de la tragedia al apreciar algunas cuestiones a tener en cuenta en el archivo de la causa. Pero desde marzo de 2019 no han recibido noticias. Hay que recordar que un coronel ya denunció públicamente la parálisis del caso.
No fue fácil para ellos conseguir la reapertura de la causa más de cuatro años y medio después de su archivo, donde la titular del Juzgado Togado Militar territorial número 11 no apreció responsabilidad penal alguna. Pero los dos heridos aportaron un revelador informe en el que un perito sí determina que algunas pruebas podrían apuntar a una responsabilidad penal en el accidente. El Tribunal Militar Primero considera que en aras de favorecer la tutela judicial efectiva debe tener en cuenta ese informe aportado y, por tanto, ordenó reabrir el caso.
En este informe pericial ya se apunta a la posibilidad de que pudo existir alguna negligencia y que esos errores pudieron provocar el mortal accidente. Se señala en concreto a la cadena de custodia de los explosivos, al almacenamiento de los mismos y al origen de las cargas. Se cita, también, un error considerado grave en el tratamiento de las minas, ya que en el fallo pudo influir la caducidad de los artefactos correspondientes a un lote de 1974. Esa munición -añade el informe- debería estar catalogada como inútil (Estado 40) y ser destruida, nunca emplearse en ejercicios, como ahora también reconoce Defensa por escrito.
Además, el Tribunal Militar Primero apreció que el Juzgado Togado no tuvo en cuenta a la hora de valorar la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales del personal militar en las Fuerzas Armadas. Asimismo, el mismo juzgado emitió un auto en el que decidía no reabrir el caso porque el informe aportado había sido presentado como un recurso de revisión, cuando en realidad era una solicitud de reapertura. Todas estas circunstancias llevaron al Tribunal Militar primero (una instancia superior) a ordenar al mismo Juzgado Togado territorial número 11 que reabra el caso del accidente. Los afectados siguen a la espera de noticias y tienen máxima confianza en la jueza que se está encargando del caso.
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