Agentes de la Policía Nacional han detenido a los empresarios Ángel Pérez-Maura, su hermano Álvaro, Adrián de la Joya -investigado en el caso Lezo-, Francisco Javier Soucheiron y el abogado Enrique Maestre por el presunto pago de 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo para frenar la detención y extradición del primero de ellos ordenada por las autoridades de Guatemala y evitar su implicación en cualquier procedimiento penal que se abriera en su contra, según confirman a este diario fuentes de la investigación.
Las detenciones y los registros, adelantados por El Confidencial, se han practicado por agentes de Asuntos Internos y a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una de las piezas de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional relativa a este proceso de extradición. Según informa el Ministerio Público en una nota, los investigadores no solo han puesto el foco en la contratación de los detenidos con el entramado empresarial de Villarejo sino también en sobornos a autoridades guatemaltecas para adjudicarse un ambicioso proyecto en un puerto del país centroamericano.
En concreto se indaga el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al entonces presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti para que Grup Marítim TCB fuera la adjudicataria, a través de su filial en el país, de la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
La aparición de unos audios del comisario jubilado recogidos por El Confidencial vincularon en un primer momento a Delgado y al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en estas gestiones encargadas a Villarejo que se investigan en el marco de la pieza número cuatro del caso Tándem, bautizada como Pit. Con todo, tanto el exjuez como la Fiscalía de la Audiencia Nacional negaron su implicación en este asunto.
De hecho, el Ministerio Público remitió una nota el pasado mes de septiembre en la que expuso que los informes del ente fueron emitidos "únicamente" por los fiscales asignados al proceso, entre los que no se encontraba la actual ministra de Justicia. Del mismo modo se pronuncia la Fiscalía Anticorrupción en su nota en la que explica que no atañen a la fiscal de la Audiencia Nacional en el momento de los hechos y que no consta que tuviera participación alguna en estos hechos.
Extradición denegada
El expediente de extradición de Pérez-Maura se incoó el 27 de abril de 2016 y se tramitó por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Fue ya en febrero de 2018 cuando la Audiencia Nacional celebró la primera vista de extradición en la que el empresario mostró su negativa a ser entregado a las autoridades guatemaltecas. Este hecho provocó que las actuaciones se elevaran a la Sala de lo Penal la cual practicó una nueva vista de extradición en mayo del pasado año, que acogió la Sección Cuarta, y en la que se denegó definitivamente su entrega.
Por su parte, el empresario Adrián de la Joya ya está siendo investigado en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza número 3 de Lezo relativa a la adjudicación irregular del proyecto de tren de Navalcarnero a la multinacional OHL. El ahora detenido explicó al magistrado instructor Manuel García Castellón -el mismo que está al frente de las pesquisas del caso Villarejo- que el exconsejero delegado del Grupo OHL Javier López Madrid le ingresó en una cuenta de Suiza 1,4 millones de euros que tendría que hacer llegar a Ignacio González, si bien, se quedó esa cuantía al asegurar que la multinacional le debía dinero por un proyecto de minas en África.
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