La jueza que investiga la operación Erial decretó prisión incondicional sin fianza para el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. Zaplana pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tras ser detenido el martes junto a seis personas más por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales y ya ha pasado su primera noche en prisión.
El expresidente valenciano y exministro fue trasladado a primera hora de la tarde de este jueves, 24 de mayo, ante la jueza una vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó los registros en sus domicilios y en su oficina. La Fiscalía ya anunció este martes su oposición a la puesta en libertad de Zaplana después de que los abogados del detenido esgrimieran en un escrito ante la jueza la leucemia que padece como argumento para su libertad.
Los detenidos junto a Zaplana son los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que han quedado en libertad con medidas cautelares, el exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el asesor fiscal Francisco Grau.
Para este último y para Barceló, la jueza también ha decretado prisión, mientras que para López y Juan Francisco García ha acordado libertad con medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país. La jueza ha acordado todo lo que ha solicitado la fiscalía anticorrupción para los siete detenidos en esta operación contra el blanqueo de capitales.
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.
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