El año que los banqueros pisaron la cárcel

Adaya Asenjo.

Madrid, 12 dic.- La vertiente judicial de la crisis de las cajas españolas, donde se dirime la responsabilidad por la caída de esas entidades, ha vivido su punto culminante en 2013 con el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seguido por el del ex director general de la CAM Roberto López Abad.

Fue el titular de un Juzgado de Madrid, Elpidio José Silva, quien encarceló a Blesa, al que investigaba por la concesión de un crédito de 26,6 millones al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank de Florida (EEUU).

El expresidente de la caja madrileña -hoy integrada en Bankia- no pasó mucho tiempo entre rejas: apenas una noche en mayo, el tiempo que tardó en reunir los 2,5 millones de fianza exigidos por Silva; y quince días en junio, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto de prisión dictado por el juez.

La decisión del tribunal no solo puso fin a la estancia de Blesa en Soto del Real, sino que desembocó en una querella de la Fiscalía contra el magistrado por delitos de prevaricación y contra la libertad individual, que previsiblemente terminará sentándole en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya apreciado "indicios razonables bastantes" para juzgarle.

Tampoco López Abad pasó mucho tiempo en la cárcel. En su caso, fue un fin de semana lo que necesitó para reunir la fianza de 1,5 millones que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez le impuso por el supuesto desvío de 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe, una de las varias piezas en las que se divide la investigación sobre la CAM.

Además, recuperaron la libertad casi de inmediato las otras tres personas presuntamente implicadas en los hechos a las que Gómez Bermúdez envió a prisión: el ex director general de Empresas de la caja Daniel Gil, tras pagar una fianza de 400.000 euros; y los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó, después de abonar 7 millones cada uno.

Encabezados por Blesa, estos imputados rompieron así un periodo de casi 19 años en el que ningún banquero había pisado una cárcel: fue en diciembre de 1994 cuando Mario Conde empezó a cumplir su condena por apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por su gestión en Banesto.

Quizá no sean los únicos: la Audiencia Nacional también investiga lo sucedido en Caja Castilla La Mancha, Bankia, NCG, Banco de Valencia, Banca Cívica y Caixa Penedés, por las que están imputados más de un centenar de personas, la mayoría banqueros.

Sin duda, el más mediático de esos casos es el de Bankia, tanto por los miles de millones que se emplearon en su rescate como por el número de imputados, encabezados por el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, que sucedió a Blesa al frente de Caja Madrid y luego fue el primer presidente de la entidad hoy nacionalizada.

Las circunstancias en las que se produjo su salida de Bankia es uno de los aspectos que instruye el juez Fernando Andreu, con cuya investigación también se intentará responder a por qué unas cuentas que en marzo de 2012 dieron unos beneficios de 309 millones se tradujeron en mayo en unas pérdidas de 2.979 millones.

Pero las investigaciones sobre Bankia, además, se han ampliado durante 2013 a la comercialización de las participaciones preferentes, con las que miles de españoles vieron atrapados sus ahorros.

Aunque la Fiscalía considera que no existió delito, el juez ha admitido varias querellas presentadas después de que se hiciera público un informe de la CNMV fechado el pasado mes de febrero que aseguraba que Bankia benefició a algunos de sus clientes en perjuicio de otros, a los que vendió las preferentes de las que se deshacían los primeros a precios "alejados de su valor razonable".

Mientras avanza la instrucción de todos estos casos, que continuará a lo largo de 2014, la Audiencia Nacional celebrará varios juicios por otros delitos económicos, no menos sonados: el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán volverá a sentarse previsiblemente en el banquillo por el vaciamiento de Marsans.

La suerte de Díaz Ferrán, sin embargo, ha sido bien distinta a la de algunos de estos banqueros con los que llegó a compartir durante pocos días o incluso horas los muros de Soto del Real: hace más de un año que espera poder reunir la fianza de 5 millones que le permitiría abandonar el centro penitenciario.

Doce meses en los que, además, ha tenido que renunciar a unos bienes valorados en 88 millones de euros, castillo y yate incluidos, para pasar a pedir dinero para alimentos y productos de higiene y reclamar su derecho a la Justicia gratuita. EFECOM

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