En un paso más del desafío catalanista, a lo largo de esta semana se han reiterado los cortes en las carreteras y vías ferroviarias de la región. Mal escudados por la huelga general convocada por Intersindical-CSC (un sindicato minoritario) para reclamar la libertad de los activistas secesionistas y los exconsellers encarcelados, estos cortes no sólo han cumplido su objetivo de provocar el caos entre las fronteras de Cataluña, sino que también lo han hecho en los territorios colindantes con la región.
Hasta 40 carreteras catalanas sufrieron cortes durante la jornada del miércoles 8 de noviembre, algunos puntuales y otros más prolongados pese a la intervención de los Mossos d'Esquadra y la Policia Nacional, que sacaron a rastras a algunos de los concentrados que impedían el paso de vehículos.
También en Aragón se vieron afectados por la huelga al compartir gran parte de la red de carreteras con Cataluña. En la A-2, que vincula Barcelona con Madrid, se produjeron importantes retenciones al permanecer estacionados en mitad de la calzada turismos, tractores y furgonetas. Otra de las grandes arterias catalano-aragonesas, la A-22 que discurre entre Huesca y Lérida, también fue cortada produciendo graves trastornos especialmente a las actividades de transportistas y proveedores.
Del mismo modo, la AP-7 que concecta Tarragona y Alicante fue cortada a la altura de Girona, y un centenar de manifestantes hubieron de ser desalojados por los Mossos d'Esquadra. Las kilométricas retenciones en la autopista incluso obligaron a Protección Civil y a la Cruz Roja a repartir víveres y a habilitar un servicio de avituallamiento para los conductores afectados.
Los cortes afectaron también al tráfico francés, y desde la Prefectura de los Pirineos Orientales del país galo se activó un plan, denominado 'gran malla', que orientaba el tráfico pesado damnificado por las retenciones. El corte de la carretera que une La Seu d'Urgell con Andorra llegó a tal punto que los vehículos que se dirigían al principado tuvieron que hacerlo a cuentagotas y mediante caminos de tierra sin asfaltar.
También el transporte público
Los problemas se tradujeron también al transporte público, que no pudo funcionar con normalidad a lo largo del pasado miércoles. Las múltiples manifestaciones sobre las vías ferroviarias tanto del AVE en Barcelona y Girona como de Cercanías en diversas líneas, llevaron a Adif y Renfe a suspender todos los servicios en la estación de Sants.
Los huelguistas fueron en su mayoría estudiantes, que se sentaron en las vías del tren al grito de "Llibertat presos polítics" (libertad para los presos políticos), y sus protestas derivaron en que más de 150.000 usuarios, según informaron fuentes de Adif y Renfe, se vieran afectados teniendo que cancelar o posponer sus viajes. La mayoría de los viajeros de AVE se disponían a desplazarse bien a Paris y Lyon, bien a Madrid.
El Ministerio de Interior apuesta por castigar con mano dura a los saboteadores, y en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana podrían enfrentarse a sanciones de entre 601 y 30.000 euros por "negarse a identificarse o no colaborar con los agentes", y de entre 30.001 y 600.000 euros para quien "participe en manifestaciones no convocadas previamente en instalaciones donde se presten servicios básicos para la población". Es decir, para aquellos que cortaron las carreteras y las vías ferroviarias. Duras represalias para los instigadores de la "mal llamada huelga", en palabras del ministro Íñigo de la Serna, cuyo seguimiento fue "mínimo" pero los daños que causó fueron "máximos".
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