La Comisión Permamente del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para acordar la suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón tras conocerse este lunes que se sentará en el banquillo acusado de supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
La decisión adoptada este martes por cuatro vocales del CGPJ (Almudena Lastra, Manuel Almenar, Antonio Dorado y Féliz Azón) implica solicitar a la Fiscalía la elaboración de un informe sobre la necesidad de proceder a la suspensión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras ser informados oficialmente de que el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dictado auto de apertura de juicio oral contra él.
La suspensión de Garzón por el asunto de la Gürtel carece de consecuencias prácticas, pues el magistrado ya se encuentra suspendido desde el 14 de mayo de 2010 por otra causa en la que se le investiga también por supuesta prevaricación, esta vez por investigar los crímenes franquistas sin tener competencia para ello. Actualmente asesora a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).No obstante, la decisión puede ser importante en el hipotético caso de que, de ser juzgado en primer lugar por la causa de la Memoria Histórica, Garzón resultara absuelto. A pesar de ello, no podría volver al Juzgado Central de Instrucción número 5 porque continuaría suspendido por la Gürtel.
En la Comisión Permanente de este martes no estuvo presente ni el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, (que se encuentra fuera de España) ni la vocal miembro de este órgano del Consejo Margarita Robles, que ya se apartó de la anterior decisión de suspensión de Garzón tras ser recusada por el magistrado, que alegó que la ex secretaria de Estado de Interior mantiene hacia él una fuerte animadversión.
Tampoco ha estado, por los mismos motivos (también fue recusado por Garzón), el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, a quien hubiera correspondido presidir la Comisión Permanente en ausencia de Dívar. La sesión se ha celebrado bajo la presidencia del vocal Félix Azón.
El su auto de apertura de juicio oral, el magistrado del Supremo Jorge Barreiro, reconoce que la pretensión del juez a la hora de ordenar las escuchas a abogados de la Gürtel era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Pero esa buena voluntad no impide afirmar, a su juicio, que las escuchas fueran ilegales, porque los acusados tenían plena confianza en "la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado".
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