El CGPJ ratifica por mayoría el informe que azota la ley de vivienda del Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene el pulso al Gobierno y ratifica su rechazo al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Con una amplia mayoría de 15 votos, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves la propuesta de informe que plasma duras críticas contra el proyecto legislativo del Ejecutivo, con el que pretende poner límites a los precios del alquiler de viviendas, al considerar que pretende "expropiar" las competencias autonómicas en esta materia.

Según han señalado fuentes del CGPJ a La Información, los 15 vocales que han respaldado el dictamen redactado por los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas son los mismos que no dieron el visto bueno al primer borrador de informe que se encargó al vocal Álvaro Cuesta, que, pese a echar en falta medidas de control para garantizar el cumplimiento de los límites a los precios de alquiler en "zonas de mercado residencial tensionado", avalaba en líneas generales el texto del Gobierno. La mayoría de los consejeros que han dado su voto a favor a este nuevo informe se sitúan en el sector conservador, entre los que se encuentra el presidente del órgano, Carlos Lesmes, así como dos vocales que fueron propuestas por el PSOE, Roser Bach y Victoria Cinto. En contra, han votado seis vocales, de los que cinco de ellos han anunciado la formulación de un voto particular. 

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De este modo, el CGPJ ha hecho suyo la propuesta de informe, incluyendo algunas observaciones menores, pero sin alterar su contenido sustancial. El dictamen, que se dio a conocer este lunes, afirma rotundamente que la política de vivienda "es una materia de titularidad autonómica". En este sentido, advierte de que "la expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica", ya que será muy difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, si la estatal o la autonómica, en aquellos casos en las que ambas legislaciones no concuerden entre sí.

El Consejo de Ministros se mantenía a la espera a que el órgano de gobierno de los jueces remitiera este informe preceptivo pero no vinculante antes de enviar el texto al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación parlamentaria. Un anteproyecto que, a juicio del CGPJ, invade las competencias que tienen las administraciones autonómicas para desarrollar políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada protegido por el artículo 47 de la Constitución.

En este sentido, el CGPJ señala que el Estado tiene el Gobierno puede ejercer las "competencias estatales" para regular las "condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección", pero no puede impulsar "en puridad, la 'ley de vivienda' o 'del derecho a la vivienda'". En otras palabras, el Estado tiene competencia para incidir en el ámbito de la vivienda, pero "sin que en ningún caso eso le permita ordenar por completo esa materia ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas", indica el dictamen que este jueves ha salido adelante.

Críticas a las medidas

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces apuntó que las denominadas "medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda", es decir la fijación de unos límites al precio del alquiler en zonas declaradas como tensionadas, no solo es un "tema constitucionalmente sensible", sino que "tiene un alcance limitado y un farragoso contenido". En esta línea, enfatiza que dichas "medidas" nacieron "coyunturalmente para combatir los efectos de la pandemia", por lo que entienden que "su generalización y mantenimiento para un momento en que haya decaído la causa determinante de su génesis quizás no resulte adecuada".

Por último, el informe también echa en falta en el anteproyecto una "justificación suficiente" de la necesidad de las medidas, una evaluación de los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas, "sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro- que han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos". Así, señala que en la futura ley no se incorporan "cláusulas de salvaguarda", como puede ser establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, similar al modelo francés, que permita "evaluar su resultado y la incidencia que, tanto desde el punto de vista del mercado de alquiler residencial, como desde el punto de vista social y económico, pueda llegar a producir su adopción".