El congreso aprueba definitivamente una nueva reforma de la ley concursal para intentar salvar empresas viables

El Pleno del Congreso aprobó definitivamente este jueves el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia Concursal con el que se pretende dar una solución a empresas viables que se han visto perjudicadas por tener un endeudamiento excesivo.
El Congreso ha ratificado las cuatro enmiendas de carácter técnico introducidas por el Senado, que recibieron el voto favorable de 180 diputados, con la abstención de los 129 diputados restantes que estaban presentes en el Pleno de la Cámara Baja.
Este perfil técnico de las enmiendas incorporadas en la Cámara Alta explica que muchos grupos parlamentarios hayan optado por la abstención. De hecho, formaciones que apoyaron el decreto, como CiU, PNV o UPyD, han mostrado su decepción por la tramitación parlamentaria del proyecto.
En defensa del proyecto, la diputada del PP Rocío López, destacó que “con esta aprobación definitiva damos un nuevo paso al frente en ese camino emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el excesivo endeudamiento de las familias y de las empresas”.
Además, valoró la importancia de esta normativa para garantizar “la supervivencia de empresas viables económicamente” lo que permitirá consolidar el crecimiento y la creación de empleo.
También recordó que con la ley de segunda oportunidad, actualmente en tramitación parlamentaria, se ofrecerán medidas similares a las familias.
Por su parte, Jesús Caldera (PSOE) reconoció que la normativa aporta mejoras, aunque consideró que no son suficientes. Entre sus carencias, destacó la ausencia de medidas para personas físicas y microempresas.
De forma similar se expresaron los portavoces de CiU, Josep Sánchez Llibre; PNV, Emilio Olabarría, y UpyD, Álvaro Anchuelo. En sus intervenciones, los tres se mostraron decepcionados por la ausencia de mejoras en la tramitación de una ley que apoyaron en su inicio, por lo que coincidieron en catalogarla como “una oportunidad perdida”.
Más crítico se mostró el portavoz de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, por el hecho de que la nueva normativa debilita la posición privilegiada y preferente de los trabajadores para cobrar lo debido por una empresa concursada. Además, criticó que el Gobierno haya impulsado ya hasta 7 reformas de la normativa concursal en lo que va de legislatura, lo que, según su punto de vista, supone un riesgo de seguridad jurídica.
Esta norma completa las medidas para favorecer la reestructuración y refinanciación de las deudas empresariales, ya que se amplían las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores "disidentes" y, en particular, a los acreedores privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor.
Respecto a los créditos privilegiados, sin modificar su clasificación, se crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación para la extensión del convenio, según se trate de acreedores laborales, públicos, financieros o el resto.
Los acreedores privilegiados, tanto generales como especiales, mantienen su capacidad de adhesión voluntaria al convenio, pero se introduce la posibilidad de que se puedan extender los efectos del convenio a los acreedores privilegiados "disidentes".
La condición es que voten a favor del mismo acreedores que representen el 60% o el 75% del pasivo de cada una de las clases de créditos, dependiendo de las medidas a aplicar.