El dinero obtenido de derechos emisión CO2 seguirá pagando déficit de tarifa

Madrid, 8 abr.- El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy destinar el dinero de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la lucha contra el cambio climático y mantener el actual sistema: sufragar el déficit de tarifa eléctrica.

La proposición no de ley defendida hoy por el portavoz de Medio Ambiente de CiU, Marti Barberá i Montserrat, pedía que un mínimo de un 50 % de los recursos generados en estas subastas de derechos de emisión se aplicaran a políticas contra el cambio climático y distribuir el resto entre las comunidades autónomas.

Ha matizado que esta no es una decisión que corresponda al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sino del titular de Industria, José Manuel Soria, por tanto "Cañete debería tener más fuerza, porque estos fondos además van a crecer".

La iniciativa legislativa ha sido rechazada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja por 6 votos a favor (CiU e Izquierda Plural), 36 en contra del PP y PSOE y una abstención de UpyD.

En su intervención la diputada popular Belén Bajo ha argumentado que para aceptar esta propuesta primero hay que esperar el estudio de cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero de cara al 2020, que actualmente está elaborando el departamento de Arias Cañete.

"Actualmente los objetivos de reducción están fijados a escala nacional y no se disponen de herramientas para fijarlo a escala territorial", ha añadido la diputada del PP.

Otra razón esgrimida por Belén Bajo ha sido que los Presupuestos Generales de 2014 prevén destinar el 10 % de los ingresos a políticas de cambio climático y el 90 % a pagar el déficit de tarifa.

En este contexto ha argumentado que dicho déficit "está generado por las primas a las energías renovables, por tanto, paliar este déficit son también políticas de lucha contra el cambio climático".

Las subastas de los derechos de emisión de C02 se empezaron a poner en marcha en 2012. Son derechos que las industrias compran por el número de toneladas de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera (a un precio medio de 6 euros por tonelada de CO2).