Madrid.- La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" argumentando que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos que fueron "clave" en la investigación.
En el recurso de súplica presentado hoy ante la Sala Segunda del TS, el fiscal defiende la legalidad de la intervención de las conversaciones en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y solicita que se revoque la admisión a trámite de la querella del abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario imputado en el "caso Gürtel" Jose Luis Ulibarri.
La Fiscalía asegura que las escuchas contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
Además, el Ministerio Público matiza las "incorrecciones" que -a su juicio- contiene la querella de Peláez y hace hincapié en que gracias a esas intervenciones telefónicas se supo que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones para ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero, que a fecha de la detención no constaba que se hubieran producido.
La intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón fue, según el fiscal, "una medida objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos", ya que iba encaminada a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde la cárcel.
Para respaldar este argumento, la Fiscalía aporta al Supremo una serie de documentos del sumario del "caso Gürtel" y cita algunas de las conversaciones grabadas que resultaron relevantes para la investigación, entre ellas la mantenida el 18 de diciembre de 2008 por el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que hablaron de varias reuniones que tenían pendientes.
Asimismo, el fiscal insiste en que las intervenciones también pusieron de manifiesto los indicios de participación en los hechos de distintos despachos profesionales de abogados.
"Nada que ver, como se alega, con el deseo de descubrir las estrategias de defensa de los imputados, sino con la obligación de investigar y perseguir nuevos actos" delictivos fuera de la jurisdicción española y evitar que los imputados pudieran cometer varios delitos, argumenta el Ministerio Público.
Considera también "sorprendente" que el querellante solicite la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con la intervención de comunicaciones, cuando no ha alegado nada en contra de la intervención de las comunicaciones mantenidas por los imputados con personas distintas de sus letrados.
Por último, recuerda que el propio Garzón en el auto que autorizó las grabaciones agregaba que esa intervención se haría preservando el derecho de defensa y que la Fiscalía también ha pedido la supresión de la transcripción de las conversaciones en los casos en los que no su contenido no afecte a la instrucción.
Aunque, recuerda, "es el juez el que debe deslindar qué es lo que interesa y lo que debe devolverse al afectado".
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