Sevilla, 25 feb.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado hoy a su gabinete jurídico la interposición ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso contra la reforma local, una ley que el Ejecutivo andaluz considera "lesiva" para la autonomía y para el municipalismo.
La Junta ha pedido, además, una reunión al Gobierno central para que "acepte" una moratoria o paralización de la norma mientras el alto tribunal dirime el conflicto de competencias, ha informado en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno regional, Diego Valderas (IU), que ha pedido "lealtad institucional".
Valderas ha denunciado que la reforma supondrá un "desajuste financiero" para la Junta, que ha cifrado en 600 millones de euros, ya que, en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la administración autonómica tendría que asumir determinados servicios, como la defensa de los consumidores, los servicios sociales, la atención a la mujer o los consorcios de transporte.
"Esta reforma nos retrotrae al periodo preconstitucional", ha sentenciado el vicepresidente de la Junta, que ha acusado también al Ejecutivo central de favorecer la "privatización" de los servicios públicos, por lo que la Junta ha decidido "plantarle cara".
La Junta recurre, en concreto, diecinueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final, al considerar que alteran el marco competencial vigente, así como el principio descentralizador recogido en la Constitución Española.
Para el Gobierno andaluz, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 1 de enero, supone un "ataque frontal" no sólo a las competencias autonómicas, sino a la propia capacidad de autogobierno de las entidades locales, que fueron reforzadas cuando se reformó el Estatuto de Autonomía en el 2007.
"Se desvirtúa el carácter democrático de los ayuntamientos para convertirlos, sobre todo en las pequeñas poblaciones, en simples instancias administrativas", ha asegurado Valderas, en alusión a los 691 municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes (el 89,5 % del total), que podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales.
Por su parte, los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes (66% del total) quedan expuestos, según Valderas, a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.
Frente al argumento del Gobierno de que la reforma supondrá un ahorro de unos 8.024 millones de euros por la reordenación de competencias municipales, la Junta señala que pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que "propicia".
El Ejecutivo andaluz cree que afectará también negativamente a los cauces de participación y atención a las demandas vecinales, y convertirá a los ayuntamientos en meros gestores de los servicios obligatorios que coordinarán las diputaciones provinciales, instituciones que no son de elección directa por la ciudadanía.
Otra de las "amenazas" a la autonomía local viene de la posibilidad de que el Estado promueva la fusión de municipios, lo que desactivaría cualquier "decisión democrática de segregación", según el vicepresidente de la Junta, que también ha recordado que la ley impide la creación de nuevas entidades locales autónomas.
"La reforma local supone una doble vara de medir, ya que comunidades como el País Vasco o Navarra tendrán la posibilidad de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente", ha criticado.
A juicio de Valderas, el Gobierno de la nación persigue imponer con esta reforma "un modelo de Estado recentralizador" y, aunque ha reconocido que la reforma era necesaria, ha subrayado que "no es ésta la que hacía falta" porque no resuelve los problemas financieros ni competenciales de la administración local.
Valderas ha recordado que el Gobierno andaluz no acude "en solitario" al Tribunal Constitucional, ya que el Parlamento de Andalucía dará también luz verde mañana, con los votos del PSOE e IU, a la presentación de un recurso, decisión que también ha adoptado el Consejo Andaluz de Concertación Local.
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