Isabel Celaá se ha mostrado tajante: si Murcia no responde al requerimiento del Ejecutivo de acabar con el pin parental en un mes, el Ministerio de Educación llevará al Gobierno regional por la vía contencioso-administrativa. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional que ha descartado, sin embargo, cualquier intervención sobre la autonomía de la región por este asunto, aunque la líder socialista sí ha recordado que la acción que ya ha emprendido el Ejecutivo es enviar un requerimiento a las autoridades murcianas con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado".
El Ejecutivo de la Región de Murcia tendrá, a partir de ahora, un plazo de treinta días para retirar la medida de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de este curso donde avalaba la posibilidad de un veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo, tales como charlas o conferencias, que debían ser notificada previamente a las familias.
La tensión generada por esta estrategia han alcanzado otro nivel después de que Victoria Rosell, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, haya planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia.Las declaraciones de Rosell, que la propia diputada de Unidas Podemos ha achacado a una "ironía" malinterpretada, han quedado respondidas por las afirmaciones de Celaá. Por su parte, Rosell ha hablado en la 'Cadena Ser' a raíz de la negativa de los partidos que gobiernan en Murcia a eliminar la polémica medida, marco en el que se la representante de Unidas Podemos ha afirmado: "Si falla el diálogo político habría que seguir un camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".
"No queremos ir a los tribunales"
Celaá ha asegurado que el Gobierno "no" está barajando esta opción. "Vamos a ir viendo", ha afirmado, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado". "No queremos ir a los tribunales", ha manifestado Celaá, quien ha apelado a la "sensatez y la moderación". El jueves pasado, la ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental', una medida que considera "ilegal".
La Consejería de Educación de la Región de Murcia incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de "dar conocimiento a la familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y fuesen impartidas por personal ajeno al centro. Todo para que las familias "puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
Esta medida, bautizada como 'pin parental' por las organizaciones que la han promovido, como Hazte Oír, ha sido exigida por Vox para prestar su apoyo a los presupuestos en comunidades gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos como Andalucía y Murcia, donde se ha aceptado implantarlo.
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