El Gobierno pondrá en marcha mecanismos jurídicos si CCAA no acatan la ley

Madrid.- La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que han mostrado su resistencia a aplicar la ley del aborto y ha asegurado que en el caso de que éstas no rectifiquen, el Gobierno "pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos" para hacer efectiva la norma.

Así se ha pronunciado hoy Aído en declaraciones a los periodistas en la sede de su Ministerio, en respuesta a las comunidades de Navarra y Murcia que se han posicionado en contra de la aplicación de la ley del aborto en sus territorios justo el día, ayer, en que entró en vigor.

La ministra de Igualdad ha calificado la actitud de los gobiernos de estas autonomías de "irresponsable" y ha esperado que el presidente del PP, Mariano Rajoy "ponga orden en su partido" porque, a su entender, este comportamiento "es más propio de un partido marginal y antisistema" que de una formación política que "tiene aspiraciones de Gobierno".

Aído ha afirmado que en democracia "no hay nadie que esté por encima de la ley" y ha asegurado que esas Comunidades "han iniciado un camino que van a tener que desandar".

Así las cosas, la titular de Igualdad ha subrayado: "llamamos a la responsabilidad en primer lugar, esperemos que se rectifique, y pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos en el caso de que no sea en el modo en el que esperamos que se haga efectivo el cumplimiento de la ley".

Ha lanzado un mensaje "de tranquilidad" a las ciudadanas de Navarra y Murcia porque ha recalcado que la norma se ha aprobado después de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo conjunto para que pueda garantizarse la prestación sanitaria en todas las autonomías.

En cuanto a la aprobación de crear de un registro de médicos objetores de conciencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que la objeción "está perfectamente descrita" en la ley del aborto y "es un derecho individual previo y por escrito".

Además, ha añadido que corresponde a las Comunidades Autónomas establecer los mecanismos que garanticen la objeción de conciencia y hacerlos compatibles con el derecho a la prestación sanitaria por parte de las ciudadanas.

En cuanto a los recursos ante el Tribunal Constitucional del PP, del Gobierno de Navarra y de varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, Aído ha estimado que éstos están en su "legítimo derecho" de hacerlo.

No obstante, ha vuelto a reiterar el pleno convencimiento del Ejecutivo en la constitucionalidad de la ley.