El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. Además, el acuerdo también contempla que lo que ahora se considera abusos -como la agresión perpetrada por ‘La Manada’ en los Sanfermines de 2016- serán considerados "agresiones sexuales".
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.
Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión". En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.
No más de dos horas retenidos en comisaría
Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos", que los agentes deberán llevar siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley
que lo permitan".
Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran "hiperregulacion" de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas. Según se dice en el acuerdo, recogido por Europa Press, "es recomendable restringir al máximo" la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".
De prisión permanente, nada
"La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional --sostienen--. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida".
En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una "cadena perpetua", y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.
El acuerdo de presupuestos también incluye el compromiso de acreditar oficialmente a las víctimas de agresiones sexuales de forma similar a como se hace ya con las de violencia de género, de manera que puedan a acceder a “una serie de políticas públicas”, y enmarca los abusos sexuales como agresión sexual.
Lo que ahora se considera abusos -como la agresión perpetrada por ‘La Manada’ en los Sanfermines de 2016- serán considerados "agresiones sexuales", tras una "unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales", tal y como establece el pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Bajo el precepto de "blindar que sólo sí es sí", el acuerdo pretende "erradicar la violencia sexual" con una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que establecerá ayudas y políticas públicas para proteger a las víctimas, que serán acreditadas como tales.
"Para frenar la violencia sexual se impulsará una necesaria reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", señala el texto rubricado por ambos políticos. "Con ello la falta de consentimiento expreso de la víctima se convierte en clave nuclear en los delitos sexuales" para su tipificación, según lo acordado.
La diferencia entre abusos sexuales y agresión sexual atravesó una polémica tras el caso de ‘La Manada’, cuando la Justicia interpretó que no fue una agresión sexual sino un delito de "abusos sexuales continuados", algo que puso en pie de guerra al movimiento feminista.
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