Vitoria, 23 feb.- El Gobierno Vasco ha pedido al ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que recabe avales para respaldar la propuesta de otorgar al juez Baltasar Garzón el premio René Cassin de Derechos Humanos que concede anualmente el Ejecutivo de Vitoria.
Al conocer esta iniciativa, Eusko Alkartasuna ha acusado al Gobierno autonómico de "amañar" el premio ya que entiende que "no le corresponde promover candidaturas" porque de este modo "se elimina por completo la imparcialidad" que debe caracterizar al jurado que concederá el galardón.
Fuentes del Departamento de Justicia ha explicado a Efe que "todos los años" se "anima" a diferentes colectivos a que propongan candidaturas para que el jurado pueda emitir su fallo entre varias opciones.
Según las bases de este premio, las candidaturas de los premiados pueden ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha recibido el encargo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de asumir la gestión de obtener avales que respalden la candidatura de Garzón y ha aceptado la invitación.
"Creo que es un proyecto justo y generoso que debe apoyarse", señala Jiménez Villarejo en la carta, a la que ha tenido acceso Efe, que ya ha comenzado a enviar a distintas personas, a quienes pide sus datos para avalar la candidatura de Garzón.
El magistrado ha sido expulsado hoy mismo de la carrera judicial por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha ratificado así la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a once años de inhabilitación por prevaricación por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".
El Premio Rene Cassin de Derechos Humanos tiene como fin reconocer a aquellas personas o colectivos que, con su trayectoria, dan testimonio de su compromiso en la promoción, defensa, y divulgación de los derechos humanos.
Una vez que se reciben las distintas candidaturas con sus respectivos avales -no se exige un número de respaldos concreto-, el jurado, presidido por la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, decide a quién concede el premio, que el año pasado recayó en la activista saharaui Aminetu Haidar.
Al conocer esta situación, el parlamentario vasco de EA, Juanjo Aguirrezabala, ha calificado de "inaudito e inexplicable" que el Gobierno Vasco "haga trampas" para la concesión de un premio que promueve él mismo.
Agirrezabala cree que con la elección de Garzón para este premio, el Ejecutivo "insulta gravemente a todas las personas que en Euskal Herria han sido víctimas de sus desmanes" a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional.
Fuentes del Departamento vasco de Justicia consultadas por Efe han destacado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes las bases que regulan el premio y que todos los años "diferentes colectivos proponen candidaturas" sobre las que decide el jurado, por lo que "difícilmente se puede amañar un premio convocado de este modo".
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