El Govern receta firmeza policial y judicial para erradicar a los violentos

Barcelona, 30 mar.- El Gobierno catalán será "inflexible" con las "guerrillas urbanas", por lo que adaptará la respuesta policial y propugnará una reforma penal para responder al aumento de la violencia y erradicar a los radicales, que ayer causaron destrozos por valor de medio millón de euros en Barcelona.

Tras la batalla campal de ayer, que dejó imágenes que han saltado a las portadas de los periódicos de referencia mundial, como 'The Washingon Post' o 'The New York Times', el presidente catalán, Artur Mas, ha advertido de que la Generalitat será "claramente beligerante" contra los vándalos, a los que combatirá por vía penal y administrativa.

En la misma línea, el conseller de Interior, Felip Puig, ha anunciado que dotará de más recursos y nuevas estrategias a los Mossos d'Esquadra para actuar contra los violentos, pero ha pedido que también haya una respuesta "contundente" a nivel judicial, con la reforma del Código Penal, y social, para que algunos sectores dejen de amparar a los violentos.

Según Puig, los grupos de "violencia urbana" están integrados por neoanarquistas, violentos que se enmascaran en el 15M, antisistemas y antiglobalizadores y por algunos radicales de sindicatos minoritarios, que intentan asentarse en Barcelona aprovechando el "caldo de cultivo" del descontento social por la crisis y la "permisividad y comprensión" de varios agentes sociales.

Puig ha admitido que este grupo de violentos ha crecido hasta las 2.000 personas, ya que a los 400 violentos que tenían detectados desde hace tiempo se les han añadido jóvenes que se suman a la violencia "por diversión".

"Cada vez son más, cada vez son más violentos y cada vez están más determinados a intentar socavar las raíces del sistema democrático", ha advertido Puig, que ha garantizado que los Mossos adecuarán su respuesta, de forma proporcional, a la mayor violencia utilizada por los grupos de "guerrilla urbana".

Por ejemplo, ha destacado que en la jornada de ayer, que se saldó con 74 detenidos, una docena de los cuales ha pasado hoy a disposición judicial, y 80 heridos -la mitad de ellos agentes de la policía catalana-, los Mossos utilizaron por primera vez en su historia gases lacrimógenos.

El conseller ha mantenido su discurso de firmeza policial, ha negado que los Mossos se vieran desbordados y ha sostenido, en relación a los manifestantes heridos -de los que cuatro aún siguen ingresados-, que no les vale la excusa del "yo pasaba por ahí".

Por su parte, el presidente del grupo municipal del PPC en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha pedido que se aplique la legislación antiterrorista de la 'kale borroka' a los alborotadores, después de que, a su juicio, ayer "camparon a sus anchas".

De hecho, los grupos de CiU y PP en Barcelona han aprobado hoy una moción de urgencia que pide que la Generalitat revise los protocolos policiales de prevención, actuación y respuesta a los actos de violencia.

Por contra, el PSC ha acusado al Govern de falta de previsión y ha exigido al conseller Puig que aclare en qué fallaron los dispositivos policiales.

Según los cálculos del Ayuntamiento de Barcelona, los disturbios de ayer en la capital catalana provocaron daños en el mobiliario urbano por valor de 565.000 euros, al quemarse por ejemplo 295 contenedores, que cuestan mil euros cada uno.

Además, la huelga causó pérdidas de más de 30 millones de euros en el comercio catalán, según han lamentado hoy la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC) y el Consejo de Gremios de Comercios, Servicios y Turismo de Barcelona (CG).

Por su parte, las patronales Fomento de Trabajo y Cecot se han quejado de que los incidentes de ayer dañan la imagen de Barcelona y Cataluña en el exterior.

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, ha asegurado hoy que la "bofetada democrática" que ha recibido el Gobierno durante la huelga le obligará a renegociar la reforma laboral, mientras que Joan Carles Gallego (CCOO) ha pedido que no se utilicen los incidentes violentos para desacreditar la protesta y lanzar una "cortina de humo" sobre las razones que llevaron al paro.