El "Gürtel" valenciano cumple un año de denuncias, trajes, ceses y querellas

Valencia.- La vertiente valenciana del caso "Gürtel" cumple mañana su primer aniversario oficioso, marcado por las informaciones que comenzaron a vincular al president de la Generalitat, Francisco Camps, con la trama de corrupción y dieron paso a doce meses de denuncias, querellas, filtraciones sumariales, consecuencias en el PPCV y un debate sobre los regalos a políticos.

El 19 de febrero amaneció con un "terremoto" informativo que motivó una urgente convocatoria ante los medios de comunicación del jefe del Consell: dos periódicos publicaban que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él.

En una declaración sin preguntas leída en el Palau de la Generalitat, arropado por su Consell y la alcaldesa de Valencia -y su principal apoyo en los envites políticos y judiciales de los siguientes meses-, Rita Barberá, Camps desmintió rotundamente esas informaciones, que enmarcó en una campaña que buscaba "la división del PP" y ante la cual pidió "tranquilidad y paciencia" porque el partido saldría "reforzado".

El president se mostró "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario, anunció que ejecutaría todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo al frente de la Generalitat, y pronosticó que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento".

Reconoció que la noticia de su supuesta implicación le llegó a las seis de la mañana: "En Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación", y pidió "tranquilidad y paciencia" a todos sus compañeros en esta "amarga experiencia".

En Valencia, el proceso judicial iniciado el 6 de febrero por el juez Baltasar Garzón implicó también a Álvaro Pérez, conocido como "El bigotes" y que dirigía la empresa Orange Market, con la que trabajaron el PPCV y la Generalitat en la organización de actos de partido y ferias turísticas.

A lo largo de varios meses se publicaron varias conversaciones privadas entre Pérez, Camps y su entonces "número dos", Ricardo Costa, que dieron a conocer su grado de relación y abrieron el debate sobre los regalos que pueden o no aceptar los cargos públicos y los políticos.

Y es que las supuestas dádivas (trajes, corbatas, relojes, bolsos, coches o viajes) de los cabecillas de la trama empezaron a protagonizar la actualidad política valenciana y española a raíz de esas filtraciones, denunciadas desde el PP -que apuntaba a La Moncloa como su origen- y ante las cuales la oposición reiteraba sus peticiones de dimisión de los cargos afectados.

Camps fue finalmente imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de cohecho, al igual que Costa, su ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, aunque la Sala de lo Civil y lo Penal archivó el caso en agosto.

Costa, por su parte, permanece suspendido cautelarmente de militancia tras haber sido obligado a dejar sus cargos de secretario general del PPCV y portavoz popular en Les Corts a raíz de su implicación en el caso "Gürtel".

Además, el PSPV presentó una querella contra Camps y otros miembros del Gobierno valenciano y del PPCV por prevaricación y financiación irregular sobre la que el TSJCV se declaró no competente; esto fue interpretado por los populares como el "carpetazo" definitivo del caso en la Comunitat y para los socialistas como que "lejos de exculpar a nadie", resaltaba "la gravedad de los hechos" investigados por la Policía y la Justicia.

Las declaraciones del presidente del PPCV a lo largo de estos doce meses sobre el caso "Gürtel" han tenido como escenario principal la tribuna de Les Corts, donde la oposición le ha preguntado en prácticamente todas las sesiones de control sobre la relación de la Generalitat con la trama corrupta.

Desde la "conciencia tranquila" que dijo tener el 5 de marzo hasta el "ratito largo" que decía le quedaba una semana más tarde, hasta la negación de haber recibido regalos que hizo en mayo pasado por la defensa de la "legalidad" de las actuaciones de Costa en octubre -el mes más convulso en la historia reciente del PPCV-, Camps ha tenido que afrontar este caso en sede parlamentaria ante la atenta mirada de decenas de medios de comunicación nacionales.