El juez de la Audiencia Manuel García Castellón se reafirma en que hay suficientes indicios de delito para que la excúpula del Ministerio del Interior sea juzgada por la operación policial urdida en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle toda la información sensible para la formación política que éste pudiera conservar. En varios autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha confirmado los procesamientos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; de otros cuatro altos mandos de la Policía; y del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
En sendas resoluciones, el magistrado también rechaza que el cierre de la instrucción de la séptima pieza separada del caso 'Tándem' se haya hecho de forma precipitada, como afirmaron los investigados y la Fiscalía Anticorrupción o el propio Bárcenas, que entienden que aún quedaban pruebas por practicar. De hecho, el Ministerio Público como el extesorero del PP insistieron en que el punto y final a esta investigación llegó demasiado pronto, sin escuchar a otros altos cargos como imputados que podrían tener implicación en la trama 'Kitchen', como el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, o reabrir la causa a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien ha estado investiga solo en la recta final de la instrucción.
En concreto, además de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Sergio Ríos -captado para que actuara como confidente policial a cambio de 2.000 euros al mes procedentes de fondos reservados-, el instructor ha rechazado los recursos planteados por los policías Bonifacio Díaz Sevillano y José Antonio Fuentes Gago; Andrés Gómez Gordo, exjefe de Seguridad de Cospedal -a quien Villarejo bautizó como 'Cospedín'-; y el exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño contra el auto dictado el pasado mes de julio por el que se les dejó a un paso del banquillo junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El juez García Castellón, que ha notificado los autos coincidiendo con el inicio del primer juicio del conocido también como 'caso Villarejo', no ha aceptado ninguno de los argumentos expuestos en sus escritos y concluye que existe un "escenario fáctico que descansa con rotundidad sobre semejante andamiaje indiciario" que permite concretar de forma clara y suficiente los hechos que se les imputan y la participación de cada uno de ellos en el operativo policial montado para evitar que la Audiencia Nacional tuviera acceso a documentación que pudiera comprometer al PP en la investigación que entonces se seguía sobre la trama Gürtel y la presunta caja 'b' de los 'populares'.
La responsabilidad de Interior
En el caso de Fernández Díaz, el juez García Castellón subraya la responsabilidad que ejerció durante todo el periodo de desarrollo del "operativo policial ilícito", el cual se financió con fondos reservados destinados al Ministerio que dirigía. En este sentido, señala también que la operación estaba "bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico", el secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez. Y para seguir insistiendo en los indicios de delito que se les atribuye, el magistrado hace hincapié en los mensajes de texto que ambos se intercambiaron -y cuya autoría niega rotundamente el extitular de la cartera de Interior- relacionados con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas.
Es más, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 asegura que dicho volcado, que tuvo lugar en una cafetería Vips de Madrid, y en el que participaron el chófer de Bárcenas y el exjefe de la UCAO, constituye uno de los momentos que acredita que "el operativo desarrollado logró obtener una parte de la documentación comprometedora que se buscaba”. En cuanto a Enrique García Castaño, que precisamente se encontraba este miércoles en la Sala de la Audiencia Nacional donde se ha comenzado a juzgar tres de la treintena de piezas que forman el caso 'Tándem, el magistrado rechaza archivar su presunta responsabilidad con respecto a esta línea de investigación, reconociéndole así su colaboración con la instrucción, al entender que esta valoración se debe realizar en otro "momento procesal" y no en el auto que se recurre.
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