Y a Córcoles, Becker y Orbegozo

El juez imputa a Sánchez Galán por el presunto espionaje en el 'caso Villarejo'

Un día después de que lo pidiera Anticorrupción, cita como investigados al presidente de Iberdrola y otros tres directivos por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Sánchez Galán
El juez imputa a Sánchez Galán por el presunto espionaje en el caso Villarejo
EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez. En un auto conocido este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta, tan sólo 24 horas después, la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda citar el próximo 7 de julio como investigado a Sánchez Galán por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. 

El Ministerio Público también solicitó la imputación, por los mismos delitos, del que fuera jefe de Gabinete de Presidencia de Iberdrola Rafael Obergozo, a quien el magistrado instructor ha citado el mismo día que a Sánchez Galán; así como del director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles, y el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker, quienes comparecerán un día antes, según han indicado fuentes jurídicas a La Información. El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que la eléctrica contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

En su auto,  el magistrado instructor explica que en este momento de la investigación y con las diligencias que ya se han practicado resulta pertinente, visto los indicios expuestos, escuchar a la cúpula directiva de la compañía eléctrica al entender que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente como para poder conectarles con los hechos que se investigan en la pieza 17 del caso 'Tándem'.

Desde Iberdrola aseguran que las citaciones acordadas por el juez instructor son "una buena oportunidad" para que Sánchez Galán y los otros tres directivos puedan esclarecer "todas y cada una de las acusaciones que se han realizado y que hasta ahora no han podido ser respondidas en sede judicial". Cabe recordar, que la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración comunicó el pasado 25 de mayo en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ponía a disposición de la Audiencia Nacional a los "administradores y empleados" de la compañía, así como el propio presidente para despejar cualquier duda en relación con la investigación que se está llevando en el marco de esta macrocausa.

A lo largo de 23 páginas, el juez García Castellón detalla los diferentes trabajos que presuntamente Iberdrola encargó desde 2004 hasta 2017 al Grupo Cenyt, dirigido por José Manuel Villarejo, cuando éste aún se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía. Según consta en las diligencias, Iberdrola habría pagado alrededor de un millón de euros por estos servicios. Unos encargos que se hicieron a través del entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, también imputado, y tenían para la multinacional la naturaleza de confidenciales.

"Voluntad para ocultar los trabajos" de Villarejo

Uno de los proyectos realizados por el comisario jubilado para Iberdrola fue el bautizado como 'Arrow', cuyos trabajos se comprendieron entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos, tanto administrativos como motivados por la oposición de una parte de los ciudadanos de la zona, que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). El juez aprecia, tanto en este encargo como en otros, una "voluntad por parte de la compañía de ocultar los trabajos", ya que las facturas correspondientes a los servicios prestados por Cenyt fueron emitidos por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA).

El auto destaca también otros de los trabajos de espionaje que Villarejo habría llevado en ese periodo de fechas. Uno de ellos es el denominado 'Black Board', desarrollado entre 2004 y 2005, y que tenía por objeto conocer la naturaleza sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, tanto presentes como pasadas que pudieran incidir en sus actuaciones futuras. El otro es el proyecto 'Posy',  que se centró en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.

La petición de Anticorrupción llegó justo cuatro días después de que Iberdrola celebrara su Junta General de Accionista, el pasado 18 de junio. Según informaron fuentes jurídicas a La Información, el Ministerio Público fundamenta su solicitud en toda la documentación intervenida en el marco de la 'Operación Tándem', las declaraciones de otros investigados y los informes policiales que obran en la causa. El último oficio policial entregado al juez instructor, con fecha del pasado 12 de mayo, transcribió las grabaciones de las conversaciones que el comisario jubilado mantuvo con el Asenjo, en las que el agente encubierto aludió a Sánchez Galán llamándole "Don Ignacio", "el jefe", o "señorito".

En cuanto a las declaraciones de otros imputados, el director de Riesgos y Aseguramiento Interno del grupo, Juan Carlos Rebollo; el director de Administración y Control, Pablo Insunza; y José Luis San Pedro, ex 'número dos' de Iberdrola y colaborador del actual presidente, aseguraron que no tenían conocimiento de estos trabajo, según informaron fuentes jurídicas presentes en sus comparecencias. Asimismo, Antonio Asenjo desvinculó a Sánchez Galán de los encargos realizados al Grupo Cenyt.

No obstante, el juez ve clave otro aspecto de la declaración del exjefe de Seguridad, pues detalla en su resolución que éste reconoció haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención Villarejo, contraviniendo así el protocolo interno del Grupo Iberdrola. El juez afirma que las 15 facturas recibidas y abonadas que figuran en la contabilidad de la compañía eléctrica entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros esconden los servicios de Villarejo "mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de la compañía, y, cuando menos en alguno de los proyectos, también por Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo Guzmán, a parte de Antonio Asenjo Martin”.

Para el juez es un hecho relevante que, pese a no ser localizada ni por la unidad de cumplimiento del Grupo Iberdrola ni por Pricewaterhouse, la ejecución de estos trabajos "generó gran cantidad de documentos e informes que fueron intervenidos en el domicilio del investigado Rafael Redondo -socio del comisario jubilado-, vinculado al Grupo Cenyt junto al investigado José Manuel Villarejo”. 

La relación entre Iberdrola y Cenyt fue "continua en el tiempo"

En este sentido, el auto incluye una de las conversaciones mantenidas entre el expolicía, su socio y Asenjo en la que éste último pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable, un dato que el juez considera que avala que los contactos entre Cenyt e Iberdrola no fueron esporádicos o puntuales “sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad”.

También subraya la declaración que prestó como investigado el ex ‘controller’ de la compañía José Antonio del Olmo. En un informe hecho público en diciembre de 2019 señaló que el actual presidente de Iberdrola, vicepresidente de la compañía en la época de los presuntos encargos a Villarejo, y su equipo -Fernando Becker, como director de recursos humanos y servicios, y por otro, Francisco Martínez Córcoles, entonces director de generación- estaban al tanto del 'proyecto Arrow' y, por tanto, de los pagos al expolicía. 

Iberdrola, que no reconoce dicho documento al no encontrarse registrado dentro de la compañía, y otro de los directivos investigados, Pablo Insunza, a quien el exreponsable de Control Corporativo de la compañía apuntó como la persona que supervisó las facturas para estos trabajos, llegaron a presentar acciones legales contra él por estas afirmaciones. Aún así, el juez cree que este hecho ha sido corroborado por el propio Insunza, que en su declaración manifestó que aunque no recordaba si Del Olmo le entregó las facturas de CASESA, sí reconoció como suya la firma que constaba en esa documentación indicando que era habitual que plasmara su rubrica en sustitución del 'ex controller' cuando éste se encontraba ausente.

Mostrar comentarios