El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de acordar la prórroga durante al menos otros seis meses de varias líneas de investigación del caso 'Tándem', entre ellas la relativa a los contratos del banco BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo a lo largo de 13 años y por los que recibió más de 10 millones de euros. Una pieza separada -la novena- que podría considerarse una causa judicial en sí misma por su complejidad y su volumen, pues desde su apertura el 4 de diciembre de 2018 acumula un total de 26 tomos y más de 8.000 folios. Ahora, dos años y medio más tarde, y a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, ha reclamado al banco que remita diversa documentación e informe sobre cómo funciona el pago a los proveedores con el objetivo de poder analizar, "de forma autónoma y sin intermediarios", si la entidad registró adecuadamente los abonos de los servicios prestados por el agente encubierto.
Así consta en su último auto, con fecha del pasado 20 de julio, por el que atribuyó al expresidente de BBVA Francisco González un nuevo delito de administración desleal, ampliando así su imputación por cohecho y revelación de secretos. Todo ello por la presunta utilización de recursos de la entidad financiera para su uso privado, como fue la petición de información registral de unas fincas que habría estado interesado en adquirir a título personal. El que fuera máximo responsable del banco presentó ese mismo día un recurso contra de esta decisión, asegurando que solicitó dicha información "para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio" de la empresa y evitar un posible conflicto de intereses.
En dicha resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también acordó citar como investigado al director de Comunicación del banco, Paul Tobin, por un presunto delito de encubrimiento, con el fin de esclarecer por qué en el archivo de 'Google Drive' que BBVA aportó a la causa en marzo no se encuentra ni la carpeta que él mismo creó para almacenar toda la información que existiera en la entidad relacionada con la contratación a Cenyt, el entramado empresarial del comisario jubilado, ni los metadatos que evidenciarían "qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo". Lo entregado "no responde a lo que se dijo se iba a aportar", subraya el auto.
Además de estas imputaciones, el juez instructor también acordó practicar una serie de diligencias que los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro le recordaron que aún estaban pendientes, y que le sirvieron para argumentar la necesidad de prorrogar la instrucción de la causa. Entre ellas, se encuentran las relacionadas con unas facturas a Villarejo, cuya autorización se atribuyó al investigado Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de BBVA. Según indica el escrito de Anticorrupción, el magistrado requirió el pasado 8 de junio a la entidad financiera que identificara a las personas que aparecen en dicha factura bajo un determinado número, a lo que el banco respondió que dicha información ya fue aportada en julio de 2019 en el informe 'forensic' que realizó la consultora PwC sobre la facturación, contabilización y pago a Cenyt.
Tras revisar dicho informe, los fiscales creen que debe haber "un error" porque, por un lado, se afirma que el abono de la factura en cuestión fue aprobada en 2011 por Corrochano y, por otro lado, consta un correo electrónico en el que éste indica que la misma es "correcta" y se puede proceder a su pago. "Si la factura ya estaba autorizada por el mismo, ¿por qué se produce la cadena de correos entre Ricardo Gómez Barredo -exresponsable de Contabilidad y de Relación con los Supervisores de BBVA, también investigado- y el propio Julio Corrochano?", se preguntan, al mismo tiempo que advierten de que esta factura no lleva el sello del departamento de Seguridad Corporativa como sí lo llevan otras.
Registro en distintas cuentas
Asimismo, Anticorrupción indica que el 'forensic' no ofrece ningún tipo de explicación sobre por qué unas facturas emitidas por una empresa contratada por el BBVA y autorizadas por la entidad, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, tal y como "las nociones básicas de contabilidad dicen que debería haberse hecho".
Para aclarar todas estas dudas, el instructor requiere que un "responsable" del banco informe y aporte una certificación que "acredite de forma exacta las personas que constan como autorizadores" de dichos pagos. También exige que el responsable de contabilidad del BBVA explique en qué casos las facturas de un proveedor contratado por el banco pueden ser contablemente registradas en una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago de proveedores. Pero con toda esta documentación no es suficiente, pues el magistrado reclama también que se le remita la normativa contable interna del banco para revisar el funcionamiento de dicha cuenta de quebrantos y del centro de coste “Varios no clasificados” a efectos de poder analizar de "forma autónoma y sin intermediarios, si resulta lógico que las facturas referidas anteriormente se registrasen contablemente" de este modo.
Por último, para ver si Corrochano tuvo alguna responsabilidad en la autorización de pagos a Villarejo que el 'forensic' le atribuyó, el juez solicita a la consultora PwC que precise de dónde obtuvo la información para llegar a dicha conclusión y llama a declarar como testigo a César Béjar Hurtado, ya que "todo apunta a que, bien fue el redactor del informe, bien su receptor".
