El juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón ha acordado este jueves investigar como personas jurídicas a Repsol y CaixaBank por los delitos de cohecho y revelación de secretos por su presunta participación en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y su entorno más cercano con el fin de evitar que éste se hiciera con el control del consejo de administración de la petrolera. La imputación de ambas empresas llega justo un día después de que se diera a conocer la petición al respecto de la Fiscalía Anticorrupción.
En un auto con fecha de este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 requiere a Repsol y a CaixaBank para que designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Asimismo, el magistrado les cita el próximo 26 de julio para tomarles declaración.
El juez instructor explica en su resolución que en este momento de la investigación -realizada en el marco de la pieza separada número 21 del caso 'Tándem'- consta indiciariamente acreditado que ambas compañías, a través de sus responsables de Seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando éste se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, ante el impacto que podría tener la alianza entre Sacyr y la mexicana Pemex, que querían conseguir el control con Repsol. El magistrado García Castellón considera que hay indicios suficientes de que la petrolera y la entidad financiera actuaron conjuntamente y accedieron al tráfico de llamadas telefónicas que el agente encubierto realizó contra Luis del Rivero y personas de su entorno, como su esposa, Natividad Martínez; o el que fuera encargado de Seguridad de la constructora Rodrigo Álvarez. De hecho, destaca que las facturas emitidas por el comisario jubilado en ejecución de estos trabajos -lo que bautizó como 'proyecto Wine'- fueron abonadas tanto por Repsol como por CaixaBank -primer accionista en ese momento de la petrolera- poniendo de manifiesto que los encargos se llevaron a cabo "en todo momento en nombre y por cuenta" de las propias compañías.
Para esclarecer las medidas de control
El magistrado explica en su escrito que para imputar a una persona jurídica, de acuerdo con el artículo 31 bis.1 del Código Penal, se exige que el delito sea cometido "en beneficio directo o indirecto de la entidad". Asimismo, señala que con la investigación de ambas entidades, se trata de esclarecer "no solo si existía un sistema de prevención capaz de impedir la comisión del delito", sino "qué medidas podrían haber evitado precisamente la comisión del delito investigado, si no se implantaron o no, y por qué motivo".
Pese a que tanto Caixabank como Repsol remitieron en su momento documentación en la que ambas aludían a la legalidad de la contratación de la empresa Cenyt, justificándola en la convicción de que se trataba de "servicios de seguridad privada" amparados por la legislación vigente, el juez encargado de investigar el caso 'Tándem' aprecia dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades a la hora de convenir con el expolicía. El magistrado instructor considera un "grave fallo" que ninguna de las empresas constatara que Cenyt -empresa de Villarejo- nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada, un dato que puede comprobarse a través de Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
De hecho, al juez le resulta "especialmente llamativo" que ninguno de los entonces responsables de Seguridad de ambas empresas hiciera ningún tipo de comprobación al respecto aún sabiendo que era una diligencia exigible. Es más, para el juez García Castellón es un hecho relevante, ya que precisamente el responsable de dicho departamento en Repsol, Rafael Araujot, había sido anteriormente jefe de dicha unidad y el de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, había ocupado el cargo de jefe Superior de Policía en Galicia.
Añade que aunque ambos responsables (imputados en esta causa) no se encontraban ya en activo en la Policía Nacional, debían conocer el escalafón de los miembros de dicho Cuerpo para saber que José Manuel Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías investigadas contrataron sus servicios. Por todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 concluye que la falta de diligencia de estas dos compañías exige “cuanto menos que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación”.
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