El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ve motivos para anular la investigación relacionada con la contratación por parte de Iberdrola del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha rechazado la petición de Iberdrola de dejar sin efecto parte de las actuaciones practicadas en los últimos meses, entre ellas el auto de imputación del presidente de la compañía eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán.
En un auto con fecha de este miércoles, al que ha tenido acceso La Información, el magistrado instructor explica que la cuestión de nulidad planteada por el equipo jurídico de Iberdrola, y al que después se adhirió la defensa de Sánchez Galán extendiendo la nulidad hasta un año, no cumple con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, que "no se hizo valer por vía de recurso, cuando hubo posibilidad de ello". Aparte de esta cuestión formal, el juez afirma que la petición formulada tampoco podría prosperar "por cuestiones de fondo".
Según explica, en el auto dictado el 16 de julio de 2020 por el que se aceptó la acumulación en la causa de la querella que la compañía había interpuesto en un juzgado de Bilbao contra el que fuera su director de Control Corporativo, José Antonio del Olmo, se acordaba también la expulsión de la eléctrica como acusación particular en la medida que no se le consideraba perjudicada por los hechos que se investigan en la pieza 17 de la macrocausa. En este sentido, el magistrado destaca que los abogados de la empresa podrían haber recurrido esta decisión, si bien no lo hicieron, lo que le hace entender que "no se ha causado indefensión alguna a dicha representación". "Por todo ello, debe desestimarse la nulidad también por cuestiones de fondo, al no apreciarse situación alguna que justifique la nulidad invocada", concluye el auto.
Los abogados de la eléctrica plantearon dicha nulidad después de que el juez instructor del caso 'Tándem' pidiera el pasado 25 de junio a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de las partes personadas en el procedimiento que informaran sobre la situación procesal que debía ostentar la empresa. Todo ello después de constatar que la compañía insistía en que se le aceptara la personación en la causa para poder actuar contra Del Olmo, mientras que los posibles perjudicados de los encargos a Villarejo interesaban su imputación como persona jurídica.
Ante las dudas expuestas, Iberdrola solicitó que se anularan todas las diligencias practicadas desde el pasado 27 de mayo, día en el que la eléctrica recordó al juez García Castellón que diez meses antes había aceptado acumular al caso 'Tándem' la querella presentada contra Del Olmo -a quien el magistrado considera un "testigo clave"-, y aún no había ordenado realizar ninguna prueba al respecto ni había dado traslado al sumario a la empresa. De este modo, entre las actuaciones que se interesó que se revocaran, se encuentra el auto dictado el pasado 23 de junio por el que se imputó a Sánchez Galán y a su equipo directivo en la época en la que se contrató las presuntas labores de espionajes del agente encubierto.
Las declaraciones aún no tienen fecha
Por este posible "conflicto de intereses" y para evitar la "posible indefensión" de la empresa, ya que aún no se había resuelto su situación procesal, el juez García Castellón suspendió las declaraciones como imputados de la cúpula directiva que estaban previstas para principios del mes de julio. Unas comparecencias a las que aún no se han puesto fecha, pero que tendrán lugar después del verano -agosto es un mes tradicionalmente inhábil para la practica de actuaciones no urgentes-, una vez que ya se han desestimado las nulidades planteadas.
Así, una vez que ya se examinaron todas las cuestiones relativas a la situación en la que se encontraba Iberdrola, y siguiendo el criterio de los fiscales Anticorrupción, el magistrado acordó el pasado 9 de julio, por un lado, imputar a la filial Iberdrola Renovables Energía por contratar con el comisario jubilado a partir de 2011, y, por otro, resolvió decretar el archivo de la causa con respecto a Del Olmo al considerar que los hechos denunciados por un delito de falsedad documental relativos a la elaboración de un informe en el que se acusaba directamente a Sánchez Galán y su cúpula directiva de estar al tanto de los pagos a Villarejo habían prescrito. Fue entonces cuando la defensa del presidente de la eléctrica solicitó también la nulidad de todas las diligencias practicadas desde julio 2020, momento en el que el juez de la Audiencia Nacional aceptó la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 y aceptó quedarse con la investigación relativa a la mencionada querella.
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