El ministro de Justicia asegura que la inversión ha aumentado un 74 por ciento desde 2004

Palma.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que las administraciones estatal y autonómica han incrementado un 74 % los recursos destinados a la Justicia desde 2004, de forma que la financiación por habitante en España es superior a la de Francia, Reino Unido o Italia.

Caamaño, que ha inaugurado hoy las "Jornadas sobre Reducción de la Litigiosidad, Nueva Oficina Judicial y Mediación" organizadas por la Dirección General de Justicia del Govern balear en el Colegio de Abogados de Baleares de Palma, ha destacado el esfuerzo llevado a cabo en la transformación del sistema judicial y ha señalado que en los dos últimos años se ha avanzado mucho al respecto.

El ministro ha remarcado que para poder aplicar el plan de modernización previsto en 2009, el Gobierno ha realizado un esfuerzo de financiación y ha destinado "los dos mayores presupuestos de la historia a la Administración de Justicia" en 2010 y 2011, "a pesar del ajuste presupuestario".

Caamaño ha admitido que "aún así, hay falta de financiación" porque había muchas carencias pero ha puntualizado que el remedio "no es puramente cuantitativo" y requiere también reformas legislativas como las que se están llevando a cabo en la ley de mediación civil y mercantil, la ley de agilización procesal o las reformas de la Ley del Registro Civil y de la Ley de Arbitraje, todas ellas en tramitación parlamentaria.

En opinión de Caamaño, es necesario incidir en la agilización de los procesos judiciales porque aunque el poder judicial sea independiente "no es neutro debido a la incapacidad de resolver en plazos razonables". En su opinión, la lentitud judicial "opera como una especie de congelador de recursos económicos y genera un impacto sobre el circuito económico y la recuperación el país".

Caamaño ha defendido que varias de las reformas legislativas que ha emprendido el Gobierno van dirigidas a agilizar la Justicia empezando por reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales al potenciar el arbitraje o haciendo que la mediación sea obligatoria antes de acudir a un juez para asuntos cuya cuantía no supere los 6.000 euros.

El ministro ha anunciado que la reforma del Registro Civil que está en tramitación parlamentaria también tendrá incidencia porque busca "desjudicializarlo".

Ha detallado que supondrá un cambio del sistema, que en vez de organizarse por hechos -nacimientos, matrimonios, defunciones- y por lugares donde han ocurrido, se ordenará "para tener un registro de personas".

Según Caamaño, al nacer una persona se creará una historia civil en un fichero único, con un código de identificación de ciudadanía que es la base del DNI, de forma que habrá un registro civil único para toda España y accesible en red.

Ha defendido la implantación de la nueva Oficina Judicial, de la que ha dicho que aporta servicios comunes para los juzgados, el uso de las nuevas tecnologías, la especialización de las unidades judiciales y establece que los tribunales de instancia actúan como organización colegiada que racionaliza el sistema.

Caamaño ha admitido que ha habido algunas dificultades sobre todo porque donde se ha implantado la Oficina Judicial los juzgados no han parado en ningún momento pero ha señalado que el proceso sigue su curso y llegará a implantarse en Palma en el segundo semestre de este año.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco de Rosa, ha dicho se van solucionando los problemas de la nueva Oficina Judicial en las ciudades de la primera oleada -Burgos y Murcia-, y que dichas dificultades han servido para mejorar la implantación en Cáceres y Ciudad Real.

"Hay carencias y deficiencias en la implantación, pero el resultado es de satisfacción", ha dicho De Rosa, que ha defendido la necesidad de aplicar una reforma organizativa y tecnológica en la Justicia y de acometer una modernización de los procedimientos.