El número de presos ha bajado en españa un 12,2% desde 2009

El número de presos en España se ha reducido en un 12,25% desde 2009 y se encuentra en una tendencia descendente, según asegura el Gobierno en una respuesta que ha enviado al Congreso tras una petición de información planteada por Amaiur.
Jon Iñarritu, diputado de la coalición abertzale, se había interesado en la Cámara Baja sobre el "modelo penitenciario español" y el supuesto "aumento de la población reclusa".
Frente a este planteamiento del diputado nacionalista, el Ejecutivo asegura en su contestación, a la que ha tenido acceso Servimedia, que "si bien es cierto que la población reclusa en España ha ido en aumento en los últimos años, esta tendencia ha finalizado".
En concreto, se explica que "desde hace ya más de tres años, (el número de presos) está descendiendo de 65.563 en el año 2009 en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la cifra de 57.528 en el momento actual, es decir 8.035 internos menos, por lo tanto, es evidente que esta tendencia al descenso es una realidad".
Esta reducción en 8.035 presos de 2009 a 2014 supone que el número de internos en las prisiones españolas se ha reducido en un 12,25% en cuatro años.
APOYO DE LA CIUDADANÍA
Al mismo tiempo, el Gabinete de Mariano Rajoy argumenta que "España dispone de una ley penitenciaria, aprobada en su día por aclamación unánime (Ley Orgánica 1/1979), que es una ley humanitaria y flexible, cuyo número y rango -fue la primera de las leyes orgánicas aprobadas en democracia- demuestra la importancia que esta norma tuvo y tiene en nuestra legislación".
Se destaca que "los rasgos más sobresalientes de esta norma" son, entre otros "la consagración expresa del principio de legalidad con referencia a la ejecución de las penas privativas de libertad"; "la potenciación del régimen abierto y la reducción del cerrado a supuestos excepcionales"; y "la sumisión general del régimen penitenciario a las exigencias del tratamiento".
Otras característica son "la equiparación del trabajo en prisión al trabajo en libertad, la adaptación del régimen disciplinario a las normas del Consejo de Europa"; "la implantación de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, como órgano amparador de los derechos de los internos"; y "la importancia atribuida a la asistencia social durante el internamiento y después de obtenida la libertad".
El Ejecutivo concluye que "esta ley penitenciaria evidencia una particular sintonía con la ciudadanía, como lo demuestra el hecho de que en sus ya 34 años de existencia, solamente haya escasas reformas en su articulado". Además, se apunta que España es "referente" en el tratamiento penitenciario para "Estados avanzados" como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra o Portugal.