El pnv pide recuperar la subvención del 75% del smi para cada contratado en los centros especiales de empleo

El PNV someterá la próxima semana a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide subvención del 75% del Salario Mínimo Interprofesional reconocido a cada contratado en los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.
La moción es consecuencia de la interpelación que la semana pasada formuló el diputado del PNV Emilio Olabarría a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Báñez anunció ante el Pleno una reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) "para hacer un plan de trabajo hacia el futuro" de las personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, que incluirá los Centros Especiales de Empleo.
Anunció, además, una reunión con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial para ordenar la situación "irregular" en muchas de ellas al no estar financiadas las subvenciones a esos centros.
Báñez reafirmó el compromiso del Gobierno con las personas con discapacidad, que tienen aún más dificultades que el resto para encontrar empleo. De hecho, subrayó que el 66% de los contratos a personas con discapacidad tuvieron su origen en uno de esos centros. Pese a ello, Olabarría le había reprochado que la reforma laboral no contiene "ni una sola mención" a ellos.
En la moción que el PNV someterá a votación, subraya que España ocupa uno de los últimos puestos de la OCDE en atención al empleo protegido. A pesar de ello, denuncia el PNV, el decreto de agosto 2011 de medidas relacionadas con el empleo eliminó las ayudas del 75% del SMI por cada contratación en esos centros.
Se trata, argumenta la moción, de empleo para colectivos particularmente vulnerables, y el PNV reclama por ello que la reforma laboral del Gobierno recupere esa ayuda.
Reclama también que se flexibilice la edad de jubilación anticipada en el caso de las personas con discapacidad que se correspondan con los baremos establecidos, y que se articulen políticas para la convergencia del empleo protegido hacia las tasas medias en la OCDE.