Después de que el PSC haya optado por mantenerse al margen y optar por no desgastar su relación con ERC, principalmente tras rechazar la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Ciudadanos y tras abstenerse el pasado julio a la votación cuando el Govern presentó el decreto, el PP ha decidido, una vez más, recurrir el llamado fondo del 'proces' ante la Justicia.
Así, los populares han optado por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avala las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017 y que ascienden a 5,4 millones de euros.
Así lo ha anunciado en un mensaje de Twitter, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. "Hemos formalizado el recurso ante el Constitucional. No se puede avalar la sedición con fondos públicos, malversar para avalar a malversadores", argumenta la dirigente 'popular'.
La portavoz adjunta a su mensaje una noticia en la que se informa de la renuncia del Gobierno a impugnar ese decreto aprobado el pasado mes de julio, una vez que han transcurrido los tres meses de plazo que fija la ley para poder impugnarlo ante el Constitucional.
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