El juez instructor del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ordenó la detención del líder independentista toda vez que acordó procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada.
El juez Llarena confirma que tras la reforma del Código Penal, el expresident, Comín y Puig seguirán procesados por estos dos delitos tras los cambios en la sedición.
El organismo afirma que la sentencia del 'procés' recoge "los elementos típicos" del delito de desórdenes públicos agravados, por lo que la exclusión de este tipo penal que hizo el juez en su auto no se ajusta.
El tribunal supremo ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, pero mantiene las órdenes nacionales dictadas contra Puigdemont y los ex consejeros Comín y Puig.
Con una tramitación exprés y tras acatar el recorte impuesto por el TC y tras rechazarse los vetos del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y UPN, 140 senadores han votado a favor, 118 en contra y tres se han abstenido.
Tras más de tres horas de deliberación entre sus 11 magistrados, la corte de garantías ha confirmado su resolución inicial con los mismos votos: 6 del bloque conservador frente a 5 de la minoría progresista.
La sede legislativa "solicita que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y la votación por el Pleno del Senado de la proposición de ley".
Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el TC ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.
Finalmente ambos partidos han pactado modificar el delito de malversación, que afecta a varios condenados del procés catalán, diferenciando tres tipos casos donde se aplicarán penas distintas
Marlaska se ha mostrado cauto y prefiere "esperar a que cualquier posibilidad de enmienda se presente", pero ha dejado "muy claro" que Moncloa no contempla "ninguna relajación" en la lucha contra la corrupción.
El presidente del Gobierno se abre a cambios en este delito durante la tramitación de la reformulación de la sedición en Congreso con el condicionante de que el nuevo texto preserve la lucha contra la corrupción.
Jaume Asens defiende que el Código Penal "aún está plagado" de delitos que no ven con buenos ojos desde la formación morada y que su modernización es una cuestión higiene democrática.
El líder del PP, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de "abdicar" de sus obligaciones como presidente del Gobierno por colaborar con dos partidos a los que el país les "importa un comino".
Casi la mitad de los votantes del PSOE opina que el principal motivo para llevar a cabo la reforma del Código Penal ha sido “contentar a algunas formaciones políticas” y creen que se penalizará en las urnas.
El líder de la oposición ha asegurado que será en los comicios de mayo donde el PP sí sacara adelante una moción de censura, para "empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España".
El entorno del expresidente argumenta que de haber un fallo favorable su vuelta a España sería una realidad de forma inmediata, aunque desde el Tribunal Supremo se advierte que sería detenido.
Isabel Rodríguez no ha desmentido a Gabriel Rufián, pero tampoco ha querido ir más allá sobre la modificación del citado delito asegurando que el Ejecutivo ha cumplido con la proposición no de ley.
Jueces y fiscales recuerdan que es un delito "muy frecuente" en estas causas y subrayan que los tribunales deberán revisar cada caso, principalmente si se distingue entre los que se han "enriquecido" y los que no.
La reforma del código Penal ya esta en marcha y Bolaños reitera que aunque se vaya a eliminar el delito de sedición, otros como el de rebelión o el de desobediencia "no se han tocado".
El líder del principal partido de la oposición asegura que Sánchez ha superado todos los límites y le acusa de estar más cerca de ERC que de la Constitución, tras presentar una reforma del Código Penal junto a UP.
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos también castiga con la misma condena a las personas que acepten un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales.
La iniciativa, que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación, también recoge modificaciones relacionadas con el tráfico de armas.
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