El presidente de los expertos en pensiones niega dependencia con el Gobierno

Madrid, 18 jun.- El presidente del comité de expertos encargado de diseñar el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, Víctor Pérez Díaz, ha subrayado hoy que no han trabajado a las órdenes del Gobierno y ha pedido "más rigor" en el análisis de su informe.

Pérez Díaz, que hoy ha comenzado las comparecencias ante la comisión permanente de seguimiento del Pacto de Toledo, ha negado que los miembros del comité sean "gentes apresuradas con conocimientos infusos" y ha exigido respeto para el trabajo de todos ellos.

En cualquier caso, ha admitido que la elaboración del informe se ha hecho de forma rápida y ha añadido que si no se han recogido fórmulas alternativas es porque nadie las ha planteado.

Pérez Díaz ha incidido en que el factor de revalorización anual (FRA) que detallan los expertos prevé subidas de la pensión cuando el crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social sea mayor al crecimiento del número de pensionistas.

En este sentido, ha subrayado que el informe aconseja la aplicación de una "cláusula suelo" con el fin de que se impida la caída nominal de las pensiones y que en el peor de los casos sólo se congelen.

Además del FRA, los expertos han propuesto el factor de equidad internacional (FEI) para asegurar "el mismo monto de pensión a las cohortes con diferentes esperanzas de vida que se van sucediendo en el tiempo".

Pérez Díaz ha señalado que deben analizarse decisiones políticas como el uso del fondo de reserva o posibles cambios en el sistema de cotizaciones, asuntos sobre los que los expertos no han entrado.

Asimismo, ha recalcado que el factor de sostenibilidad ideado por los expertos no debe generar alarma social, ya que pretende todo lo contrario, que el sistema de pensiones quede garantizado a largo plazo.

Frente a esta opinión se ha manifestado la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición, que han criticado las prisas en la elaboración del informe, que, a su juicio, ha generado alarma social.

A este respecto, durante la comparecencia de Pérez Díaz, la diputada del PP Carolina España ha incidido en que es la propia oposición la que está generando la alerta ciudadana respecto a las pensiones.

En cambio, Isabel López i Chamosa, del PSOE, ha criticado la celeridad en la elaboración del informe, que ha causado una gran alarma social no sólo para los pensionista futuros, "que ya la tenían", sino también para los presentes.

Además ha puesto en duda la independencia del presidente del Comité por tener una relación con la patronal de seguros y participar en algún informe sobre pensiones.

Desde CiU, Carles Campuzano ha dicho que el Gobierno no debería haber metido presión al comité de expertos, porque, en su opinión, si el trabajo se hace con prisa puede abortarse.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha asegurado que el informe de los expertos es sólido, pero discutible, mientras que Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, ha criticado que el comité lo formen personas nombradas y dirigidas por el Gobierno, que no son neutrales.

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha afirmado que el informe contiene una material valioso para la discusión, si bien ha advertido de que no debe condicionar el resultado final.

Dentro del grupo Mixto, Olaia Fernández Davila, del BNG, se ha preguntado por qué hay que nombrar una comisión de expertos cada dos años para analizar el mismo asunto, mientras que por parte de Amaiur, Sabino Cuadra, ha criticado que los problemas de la banca se solucionen con cientos de millones y los de los pensionistas metiéndoles la mano en el bolsillo.

Los expertos entregaron el pasado 7 de junio su informe de propuesta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien se lo ha remitido, por un lado, al Pacto de Toledo para que busque un acuerdo en la materia y, por otro, a los agentes sociales (CCOO y UGT y la CEOE).