El senado aprobará la semana próxima la reforma que impide a batasuna volver a los ayuntamientos

La Comisión Constitucional del Senado aprobó hoy el dictamen de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que afecta al desarrollo de la Ley de Partidos y que busca evitar que Batasuna esté presente en los comicios del próximo año. La reforma culminará su trámite en la Cámara Baja la próxima semana con su votación en pleno.
La previsión es que la nueva normativa entre en vigor antes de los comicios municipales y autonómicos del próximo año. En este trámite se aprobó una enmienda del PSOE por la que se suprimiría la prescipción de los delitos de calumnia e injuria al año de cometerse.
La aprobación en el pleno de la Cámara Alta de esta enmienda obligará a remitir la reforma al Congreso para su aprobación definitiva, algo que, según los grupos, no obstaculizará su entrada en vigor antes de la cita electoral de 2011.
El PSOE quiere corregir en el Senado la reforma del Código Penal de junio del pasado año con el fin de suprimir el apartado que establecía que los delitos de calumnia e injurias prescribirán al cabo de un año y lo ha hecho a través de una enmienda que no guarda relación con el objeto de la proposición de ley.
En el trámite seguido en la Comisión Constitucional únicamente votó en contra el senador del PNV, y aunque algunos otros, como el de Coalición Canaria, expresaron sus reservas en relación a la incompatibilidad sobrevenida, todos votaron a favor del dictamen.
El texto permite la expulsión de las instituciones de los electos en agrupaciones electorales que posteriormente se declaren vinculadas a Batasuna, como ya está previsto para los de partidos políticos y coaliciones.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán instar al Tribunal Supremo, "en cualquier momento del mandato electoral", a declarar la vinculación con un partido político ilegalizado de las agrupaciones en cuyas candidaturas se presentaron dichos electos.
En concreto, esta modificación implica que el Supremo, además de estar capacitado para declarar la disolución de un partido político, también podrá establecer la existencia o no de vinculación con el partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores.
Los electos que se encuentren en esa situación serán expulsados de sus cargos en quince días salvo que hagan voluntariamente "una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad" del partido al que se hubiere declarado vinculada la agrupación de electores.
Por tanto, se amplía la nueva causa de incompatibilidad sobrevenida para el ejercicio de sus cargos a todos los electos en listas que finalmente el Supremo declare sucesoras o vinculadas a partidos ilegalizados, sin importar si se trata de partidos, coaliciones o federaciones o agrupaciones de electores.
La reforma permitirá también actuar contra estas personas antes de que tomen posesión de sus cargos, en el periodo que transcurre entre las elecciones y la proclamación de electos.
Los grupos impulsores de esta reforma, PSOE y PP, insistieron en la necesidad de cerrar todos los resquicios para que ninguna persona o formación vinculada a ETA entre en las instituciones públicas, incluso después de conocerse el comunicado de la banda que declara un alto el fuego permanente, aunque ninguno de los portavoces aludió a él expresamente.