El supremo declara "imputados" a chaves y griñán en un auto

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara como "imputados" a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dentro de la investigación judicial que está realizando por el caso de los ERE falsos en esta comunidad.
La Sala de lo Penal ha aceptado la personación de tres acusaciones populares en un auto, al que tuvo acceso Servimedia, en el que se afirma que "se encuentran imputados" en la causa los diputados nacionales Manuel chaves, Antonio Viera y Gaspar Zarrías y el senador José Antonio Griñán.
El escrito admite la personación del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, de la Asociación Pro Justicia Siglo XXI que dirige el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y del Partido Popular de Andalucía.
Además, la Sala decide que las tres acusaciones populares "actuarán bajo una misma dirección y representación" a través del sindicato Manos Limpias, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Tribunal Supremo apuesta por esta vía dado que "la proliferación de partes contribuye a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación".
Además, el auto recuerda que la Sala de lo Penal se declaró competente el pasado 13 de noviembre para llevar a cabo la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y María del Mar Moreno.
A partir de ahora, el Tribunal Supremo debe llamar a declarar a los imputados, entre los que destacan los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes ya han comunicado su deseo de comparecer de forma voluntaria, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas.
De este modo, tanto Chaves como Griñán evitarán que el Supremo tenga que solicitar el suplicatorio a las Cortes Generales, un requisito imprescindible cuando se quiere actuar judicialmente contra parlamentarios nacionales con escaño en el Congreso de los Diputados o el Senado.
El magistrado Jorge Alberto Barreiro, en calidad de instructor, tiene previsto tomar declaración a los implicados con el fin de decidir si mantiene la imputación abierta contra ellos por la concesión de ayudas sociolaborales que la Junta de Andalucía concedió entre los años 2000 y 2012.