El Supremo verá el 16 de julio los recursos contra la sentencia caso Malaya

  • El Tribunal Supremo revisará la sentencia del caso Malaya contra la corrupción el próximo 16 de julio en una vista pública en la que se estudiarán un total de 54 recursos interpuestos por los condenados, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el Abogado del Estado.

Madrid, 24 jun.- El Tribunal Supremo revisará la sentencia del caso Malaya contra la corrupción el próximo 16 de julio en una vista pública en la que se estudiarán un total de 54 recursos interpuestos por los condenados, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el Abogado del Estado.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó a once años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de esta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y absolvió a casi la mitad de los 95 procesados.

Aquella sentencia impuso penas sustancialmente inferiores a las solicitadas por la acusación. Así, por ejemplo, para el que fuera asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado 30 años de cárcel.

A la exalcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 se le impuso una pena de 6 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos, también inferior a los 16 años que solicitaba la Fiscalía.

Tras una moción de censura, Yagüe sucedió en el puesto a Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003.

Muñoz, que se encuentra en prisión por otras causa judiciales, fue condenado a 2 años de prisión por los delitos de fraude y prevaricación, frente a los 10 años propuestos por el ministerio público.

La exteniente de alcalde Isabel García Marcos, que fue considerada el "azote" del fallecido Jesús Gil durante sus años de concejal del PSOE, partido del que fue expulsada en 2003, resultó condenada a cuatro años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, lo que supone un tercio de la pena solicitada por el fiscal.

También hubo importantes rebajas de las penas para los principales empresarios procesados, algunos de los cuales fueron absueltos.

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