José Antonio del Olmo, el testigo clave de la decimoséptima pieza separada del 'caso Villarejo' centrada en Iberdrola, habría llegado a ocupar 236 cargos en un centenar de filiales del grupo que dirige Ignacio Sánchez Galán. Así se se desprende de la información publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que ha podido consultar este diario, en la que destaca que, al menos desde 2009 hasta su salida de la compañía, el ex 'controller' de Iberdrola ostentó numerosos cargos tipo apoderado o administrador (mancomunado o solidario) en un total de 134 empresas, de las cuales la gran mayoría pertenecen a la multinacional vasca.
De hecho, con respecto a la empresa matriz, Iberdrola SA, el que fuera jefe de Control Corporativo de la primera eléctrica a nivel nacional ocupó en una veintena de ocasiones el cargo de apoderado, apoderado mancomunado o solidario, al menos, entre 2009 y 2016, según se puede constatar en dicha documentación. Asimismo, entre las empresas que aparecen en listado se encuentra la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica en la macrocausa sobre el comisario jubilado por abonar la factura de 29.500 euros relacionada con el último trabajo que desarrolló el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. En este caso, Del Olmo ostentó puestos similares entre junio de 2o11 y julio de 2016.
Fuentes de la defensa de José Antonio del Olmo, que éste ocupara tantos cargos en distintas firmas no supone ninguna anomalía, sino que demuestra que "tenía poderes en muchas empresas del Grupo Iberdrola", algo que se solía hacer "por defecto", según han explicado a La Información. De hecho, han precisado que aunque "no se utilizaron casi ninguno" de estos cargos, el listado es "una prueba más de que (Iberdrola) se trata de una corporación única". Así lo dejó ya entrever recientemente en un escrito que presentó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras la declaración del representante legal de Iberdrola Renovables, para aclarar que revisó el pago a las empresas de Villarejo aun siendo empleado del Grupo Iberdrola y no de la filial.
Testigo clave y enemigo
El ex 'controller' se encontraba en un segundo plano de la investigación, que se inició en octubre de 2019, hasta que en su declaración ante el juez instructor García Castellón, en diciembre de 2020, aseguró que la cúpula dirigida por Sánchez Galán conocía las irregularidades que se habían cometido en los pagos de los servicios de espionaje realizados por el agente encubierto. Una afirmación que ya había plasmado en un informe que elaboró en 2004, depositó ante notario, y salió a la luz 15 años después cuando lo aportó a la causa.
Ese momento supuso un punto de inflexión en la causa, pues Del Olmo pasó a tener una cierta relevancia en la causa. Por un lado, se convirtió en un testigo "clave" para el magistrado instructor, pues su documento sirvió de base para imputar el pasado mes de junio a Sánchez Galán y a la cúpula que estaba al mando en el momento de la contratación de Cenyt. Por otro lado, Del Olmo pasó a ser de un directivo de 'confianza' al principal enemigo de Iberdrola, que inició una dura batalla legal en distintos tribunales, consiguiendo incluso que un juzgado de lo Mercantil de Bilbao le condenara por sacar de la empresa documentos que "contenían secretos oficiales", como las facturas que documentaban los pagos de Iberdrola a proveedores de seguridad y miembros de la administración.
"Hizo las cosas mal"
Tanto la cúpula directiva imputada como la propia Iberdrola Renovables han cargado duramente contra Del Olmo, destacando que el informe que elaboró en 2004 nunca se puso en conocimiento de sus superiores, sino que siguió realizando su trabajo con normalidad hasta que abandonó la empresa. "Este señor firmó unas facturas por considerar que eran válidas. Si no hubiera firmado el señor del Olmo, jamás se hubieran pagado. Hizo las cosas mal", afirmó Sánchez Galán en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 18 de enero. Un día después, el representante legal de la empresa filial imputada, Javier García de Fuentes (secretario del Consejo de Administración de Iberdrola Renovables Energía), se sumó a los reproches y subrayó que el exjefe de Control Corporativo guardara silencio sobre las irregularidades que detectó y siguiera visando facturas hasta años después, sin poner ningún tipo de objeción.
Así, una de las principales discusiones de esta investigación está relacionada con la validez del informe del ex 'controller'. Mientras que Iberdrola insiste en que el juez instructor investigue la querella por falsedad documental que se interpuso contra Del Olmo y que se unió a las pesquisas que se sigue en la Audiencia Nacional; el magistrado García Castellón optó por quitar a la compañía la condición de querellante y reiterar que "el documento en cuestión resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente pieza".
En este sentido, juez también preguntó Anticorrupción y al resto de partes personadas (acusaciones y defensas) que se pronuncien sobre la posibilidad de aplicar sobre Del Olmo algunas de las medidas recogidas en la directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones (conocida como 'directiva whistleblower'). Por el momento, solo se han mostrado a favor la representación del presidente de ACS, Florentino Pérez -personado como perjudicado de los espionajes de Villarejo-, y el propio afectado, que ha defendido la necesidad de que se le brinde dicha protección, alegando que la multinacional vasca le está "acosando" por sus 'revelaciones' en la Audiencia Nacional.
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