La prórroga durante seis meses más del 'caso Iberdrola' para realizar una ronda de interrogatorios a testigos e imputados que se consideran clave para esclarecer las contrataciones que la eléctrica hizo a las empresas de José Manuel Villarejo, supone un serio varapalo para el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que se mantiene por el momento como imputado en el caso hasta que el juez Manuel García Castellón logre dilucidar hasta qué punto era conocedor directo de los trabajos del comisario jubilado. Fuentes jurídicas cercanas al caso advierten de que no es fácil que la desimputación le llegue antes de que comparezcan los nuevos testigos e investigados convocados, sobre todo en lo que respecta a la posible citación de las dos responsables de 'compliance' de Iberdrola y su filial de renovables, y al también comisario Enrique García Castaño, alías 'El Gordo'.
La ampliación del plazo para la instrucción -sujeta a la posibilidad de una nueva prórroga- coloca ahora el fin de la investigación en el 27 de julio, una fecha que será en todo caso posterior a la celebración de la junta general de accionistas de la eléctrica, en la que Sánchez Galán deberá dar cuenta de cómo se encuentra el proceso judicial ante los principales inversores de la compañía. Iberdrola está inmersa en la actualidad en un plan de inversiones millonario en el ámbito de las energías renovables y algunos de los grandes fondos de inversión que se han comprometido en su proyecto se han mostrado preocupados por las implicaciones que este caso tiene para la cúpula directiva de la compañía.
La propia eléctrica ha mostrado en varias ocasiones y en sus escritos al juez el tremendo "daño reputacional" que se les está produciendo con este proceso, en el que se esperaba la desimputación del presidente a corto plazo, después de su declaración hace apenas una semana. El interrogatorio, en el que Sánchez Galán se desligó por completo de la contratación de Villarejo y se presentó como una víctima más, llegó seis meses después de que se le otorgara la condición de investigado. No obstante, la tardanza vino provocada por una estrategia de defensa agresiva contra el juez, que se centró en impugnar prácticamente todas sus decisiones y plantear la nulidad de las actuaciones. Las fuentes consultadas en el ámbito jurídico advierten de que la prórroga no supone que el presidente y sus directivos vayan a mantenerse tanto tiempo como investigados, pero es evidente que aleja las posibilidades de que la instrucción se cierre antes del verano y se limiten las responsabilidades a otros órganos de menor nivel que la cúpula de la compañía.
El testimonio clave de García Castaño
El magistrado de la Audiencia Nacional ha acogido la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y en este nuevo periodo se centrará en atar cabos sueltos y aclarar cómo el comisario jubilado recabó los datos que posteriormente presentaba en los informes que entregaba a Iberdrola. Por ello, ha citado a declarar al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño para confirmar que él, abusando de su condición de comisario, era el "proveedor" de los datos telefónicos e información que después Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, plasmaba en sus informes de inteligencia. Así se deja entrever en parte de la documentación incautada en los registros al agente encubierto relativos al proyecto 'Arrow', que se desarrolló entre 2004 y 2006 a instancias de la eléctrica para superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción e instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Fuentes jurídicas cercanas a la causa señalan que de este modo el juez instructor busca indicios de que el 'modus operandi' que el comisario jubilado utilizó para realizar los espionajes a empresarios o grupos ecologistas y representantes sindicales encargados presuntamente por Iberdrola fue el mismo que para otros importantes clientes, entre los que se encuentra grandes firmas españolas. Se trataría del uso de la información de las bases de datos policiales y para ello se apoyaría García Castaño, el que fuera máximo responsable policial de las interceptaciones telefónicas y de vigilancias.
Por esta presunta actuación, García Castaño está imputado, incluso procesado, en otras piezas separadas del 'caso Villarejo', como la relativa a la 'operación Kitchen' contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o sobre la contratación de Cenyt por parte de Repsol y CaixaBank -cuyo archivo está pendiente de si lo ratifica la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, si bien debido a la prescripción de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que se le podría atribuir en relación a 'Arrow', se le cita en calidad de testigo, aunque con la posibilidad de acudir a la declaración acompañado por su abogado por si sus explicaciones pudieran perjudicarles en las otras investigaciones en las que se encuentra involucrado y en las que ha mostrado su colaboración con la Justicia.
Las agendas de Villarejo
Así, el testimonio de García Castaño, que en las agendas de Villarejo aparece con el apodo como 'el Gordo' o 'Big', se convierte en una pieza clave, ya que el exjefe de la UCAO no solo presuntamente intervino para el desarrollo del 'proyecto Arrow', sino que años después también pudo tener conocimiento de los 'negocios' que el agente encubierto tenía con la empresa que dirige Sánchez Galán, según se desprende de las anotaciones en dichos cuadernos que se han incorporado al sumario de la causa. Por ejemplo, el 13 de junio de 2007, el agente encubierto resume una conversación que mantuvo con el exresponsable de las vigilancias policiales, en la que éste le "promete hacer gestiones con AS (Antonio Asenjo, exdirector de Seguridad de Iberdrola) y Florentino (en alusión a Florentino Pérez, presidente de ACS) para trabajar con los dos".
Apenas medio año más tarde, en febrero de 2008, otra anotación indica que 'Big' muestra la intención de "entrar en la opa-Iber", en relación a las informaciones que apuntaban a una posible operación hostil contra la eléctrica por parte de la francesa EDF, supuestamente, en connivencia con ACS, algo que nunca llegó a materializarse. Cabe recordar que precisamente sobre este hecho fue preguntado el exjefe de Gabinete de Sánchez Galán, Rafael Orbegozo, durante su declaración como imputado el pasado 17 de enero y señaló que de todo ello se enteró por la prensa, afirmación que llevo al juez a ironizar sobre cómo ejercía su cargo de asesor del presidente de Iberdrola, según relataron fuentes presentes en la declaración.
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