Sevilla, 16 ene.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que un jurado popular enjuicie el crimen de una norteamericana en Sevilla y la totalidad de delitos imputados a su agresor: asesinato, intento de agresión sexual y profanación de cadáveres por descuartizar el cuerpo de la víctima.
El abogado Marcos Cañadas, que representa al esposo español de la víctima, ha explicado a Efe que el TSJA ha aceptado íntegramente su recurso y ha ordenado que el caso sea visto por un jurado, en contra del criterio del magistrado presidente de reconducirlo para su enjuiciamiento ante un tribunal profesional como competente al existir un presunto intento de agresión sexual.
Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2010, cuando el acusado Antonio G.S., de 30 años y camarero de profesión, invitó a su casa a Laura Cerna, una profesora de inglés de 49 años a la que conocía del barrio, e intentó agredirla sexualmente.
Ante la resistencia de la víctima, el acusado la apuñaló, descuartizó el cuerpo y se deshizo de él en el río Guadalquivir, donde apareció seis días después metido en una maleta y unas bolsas junto al Puente de las Delicias.
El caso fue instruido como una causa con jurado pero el magistrado que debía presidirlo lo recondujo para ser juzgado por un tribunal profesional, al considerar que concurría la conexión prevista por el Supremo porque, según una de las dos acusaciones particulares, la "primera finalidad" del procesado fue la agresión sexual.
Según Cañadas, el TSJA mantiene que el futuro jurado se pronuncie también sobre ese delito de agresión sexual ya que fue objeto del auto de apertura de juicio, en una resolución que no recurrió ninguna de las partes.
En la vista celebrada ante el TSJA, Cañadas defendió que, aunque la intención del acusado al invitar a Cerna a su casa fuera un intento de acercamiento sexual, no lo era la agresión sexual.
La Fiscalía tampoco apreció indicios de dicho intento de violación y pidió al TSJA que ese delito fuese sobreseído.
En su calificación de los hechos, solo la acusación particular que ejercen los padres de Laura, residentes en Estados Unidos, han incluido el intento de violación, por lo que han pedido para el acusado un total de 30 años y cinco meses de cárcel por presuntos delitos de asesinato, agresión sexual y profanación de cadáveres.
La representación del exesposo español de la fallecida, por su parte, imputa al acusado delitos de asesinato y de profanación de cadáveres, por los que pide 25 años y cinco meses de cárcel.
Por su parte, la defensa sostiene que la mujer se autolesionó hasta la muerte y sólo reconoce que el imputado cometió un delito de profanación de cadáveres, por lo que pidió desde el primer momento que el caso se tramitara como un sumario ordinario con un tribunal profesional.
Pese a la línea de defensa, el informe de autopsia de Laura confirmó la "etiología homicida clara" de las puñaladas en el pecho que presentaba la víctima.
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