Entesa, IU, ERC y PSOE piden la devolución de la Ley de Costas

Madrid, 16 abr.- Entesa, IU, ERC y el Grupo Socialista en el Senado han pedido hoy la devolución de la reforma de la Ley de Costas y han presentado cinco propuestas de veto por considerar que la norma "desprotege y privatiza el litoral".

Estas propuestas de veto han sido debatidas esta tarde en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta pero no han prosperado por el voto mayoritario en contra del Grupo Popular, que se ha quedado solo en esta votación en la que CIU, PNV y Coalición Canaria se han abstenido.

El Grupo Popular también se ha quedado solo a la hora de votar el dictamen sobre esta ley, y ha corregido alguna de sus propias enmiendas endureciendo alguno de los requisitos para reducir la franja de protección del litoral en aquellos núcleos que sin ser urbanos cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua o suministro de energía eléctrica.

De las 185 enmiendas presentadas a este texto, que bajará a pleno la próxima semana, el Grupo Popular de momento sólo ha aceptado una, de CIU, sobre la reintegración a las personas de la titularidad de propiedad de aquellos terrenos situados en urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público.

Durante el debate el senador de Coalición Canaria, Narvay Quintero, ha expresado su esperanza de que en los próximos días el Grupo Popular acepte las enmiendas en las que pide la amnistía para salvar de la piqueta a determinados núcleos costeros, "por su valor pintoresco".

Por parte de los partidos de izquierda, el portavoz de Entesa, Joan Saura, ha criticado, entre otros, que la ley vaya a amnistiar a 12 núcleos urbanos, sacándolos de la protección pública.

Estos núcleos son el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa y Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava y Platja d'Aro (Girona); Ría de Punta Umbría, Caño del Cepo y Casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Fidalgo, ha reprochado que la reforma "santifique" la desprotección de las dunas y dé un trato urbano a determinadas playas para consentir actos lúdicos o sociales en las mismas.

El Grupo Popular ha reiterado el argumento de que el objetivo de esta reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que provocó la aplicación de la Ley de Costas de 1988, y que determinó en su día qué franjas del litoral de la costa española pasaban a ser del dominio público marítimo-terrestre con el fin de protegerlas.

Para aquellas propiedades privadas construidas legalmente antes de la ley del 88, y que vieron cómo unos terrenos privados se convertían en públicos, el Ejecutivo socialista les otorgó entonces una concesión de disfrute de 30 años.

Con la reforma se han ampliado estas concesiones a 75 años más, lo que también ha sido objeto de crítica por parte de algunos grupos de la oposición.