España despide un "annus horribilis" de crisis y desempleo

María Luisa González

Madrid, 16 dic.- España despide 2011 con un nuevo parlamento y un gobierno en ciernes del conservador Partido Popular (PP), al que los españoles encomendaron sacar al país de la crisis en unas elecciones en las que se hundió el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras casi ocho años de Gobierno.

El año que concluye será recordado como el del estancamiento económico, el imparable crecimiento del desempleo y el acoso en los mercados financieros sobre la deuda soberana española.

Pero también por ser el momento en el que la organización terrorista ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada" tras casi cinco décadas en las que ha asesinado a más de 750 personas en la busca de la independencia del País Vasco.

El anuncio se produjo el 20 de octubre, justo un mes antes de las elecciones generales que dieron la victoria al PP y permitieron, después de quince años de ausencia, que la izquierda independentista vasca regresara con fuerza al Congreso de los Diputados de España con siete legisladores.

El nuevo parlamento comienza su singladura en los últimos días de 2011 a la espera de la investidura, en vísperas de la Navidad, del próximo presidente del Gobierno español, el líder conservador Mariano Rajoy, que alcanzó el 20 de noviembre esa meta tras haber fracasado en los dos intentos anteriores (2004 y 2008) frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La amplia mayoría absoluta que los españoles dieron al PP en los comicios generales confirmaron el giro político iniciado en el país seis meses antes, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que la formación de centroderecha arrasó y desalojó al PSOE incluso de algunos de sus grandes feudos como las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Con el mapa político de España teñido de azul (color del PP), los conservadores concentran casi todo el poder, tanto en los organismos nacionales como en las comunidades autónomas -en las que gobiernan la inmensa mayoría- y en los ayuntamientos.

Con ese aval tendrán que gestionar una de las más graves crisis que ha vivido España, con casi cinco millones de desempleados (el 21,52 % de la población activa, más del 45 % en los menores de 25 años); el crecimiento económico estancado, y su deuda soberana sometida a fuertes presiones en los mercados.

A estos datos se suman los facilitados el 13 de diciembre por la UE, que dan cuenta de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante de España en 2010 de tres puntos menos que el año precedente, hasta niveles de 2002.

Entre los datos negativos con los que España despide 2011 está una caída también de los ingresos de la Seguridad Social, que es la caja que asegura el pago de las pensiones, los subsidios de desempleo y otras prestaciones sociales, y que se ha visto muy afectada por el deterioro del mercado de trabajo.

En este escenario, el nuevo gobierno asumirá sus funciones el 21 de diciembre con el objetivo prioritario de frenar la destrucción de empleo, tarea que el PP califica de "urgencia nacional", y relanzar la economía, centrado en los recortes para reducir el déficit público al 6 % este año frente al 9,2 % de 2010, por exigencias de la UE.

Las consecuencias de los recortes -congelación de las pensiones y bajada de los salarios de los empleados públicos un 5 %- unido a la enorme destrucción de empleo pasaron factura al gobierno de Zapatero y al PSOE, cuyo candidato en las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, sufrió una dolorosa derrota al lograr solo 110 diputados de 350 escaños.

Pero el final de 2011 no solo ha sido duro para los socialistas y para los españoles que perdieron sus puestos de trabajo, la casa real vivió semanas difíciles tras conocerse que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, es investigado por su presunta implicación en una trama de desvió de fondos públicos.

En una decisión sin precedentes y tras días de polémica y debate en los medios de comunicación, la Casa del Rey decidió el 12 de diciembre apartar de los actos oficiales a Urdangarín, duque de Palma.

También adelantó su intención de hacer más transparentes sus cuentas, con la publicación de su desglose antes de que acabe el año.