Madrid, 8 ene.- El expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler ha negado hoy ante el juez Santiago Pedraz que las tres operaciones urbanísticas vinculadas a él que provocaron en el Banco de Valencia un agujero de 160 millones de euros fueran irregulares.
El empresario ha comparecido hoy como imputado en la causa sobre la entidad que investiga este magistrado, quien le había emplazado por tercera vez bajo la amenaza de detención, después de que las dos anteriores no acudiera a la Audiencia Nacional alegando enfermedad y falta de tiempo para estudiar la causa.
El promotor fue emplazado como imputado por presuntas irregularidades en tres operaciones urbanísticas de las sociedades Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverchel, investigadas a raíz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que dio origen a su imputación por tres delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal.
El magistrado que investiga a la antigua cúpula del banco valenciano le imputó en una pieza separada que abrió sobre la regularidad de estas tres operaciones urbanísticas, que provocaron, según el FROB, un agujero de 160.534.544 euros.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Soler ha asegurado que el dinero que dio el banco para estas operaciones se concedió por un procedimiento regular y que él tuvo que prestar a cambio garantías personales que, en algunos casos, afectaron a obras de arte de su propiedad.
También ha explicado que tuvo que firmar un contrato de permuta financiera o "swap" para realizar con el Banco de Valencia las operaciones, relacionadas unas con otras y con las que, según ha dicho, salió perdiendo.
Por estas operaciones, el juez imputó al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra junto al entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer y los empresarios Salvador Vila, Soler Luján y Fernando Polanco, entre otros.
En su escrito, el fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron "más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder" de Parra, "con el fin de obtener un lucro ilícito" a favor de sus "socios" a costa de la entidad.
La de Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler, consistió en la adquisición de terrenos en Chiva (Valencia) que generó una deuda de 109,6 millones que el banco tuvo que refinanciar "con dinero público tras el correspondiente apoyo financiero del FROB", generando un perjuicio superior a los 83 millones.
Mientras, Valenciana de Viviendas "actuó como sociedad instrumental" para adquirir en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante, vinculada a Soler, en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda, que previamente tenía la vendedora contratada con BdV, con la que se generó un impacto de 137,4 millones y un perjuicio de 47.468.540 euros.
La última operación giró en torno a Faverch Desarrollos, en la que intervinieron Polanco y el notario Carlos Pascual con el fin de adquirir una serie de terrenos en Chiva y causó por su parte un agujero de 29.816.004 euros.
Junto a esta querella, el FROB presentó otras siete por gestión desleal contra los antiguos responsables del banco valenciano, entre ellos su expresidente José Luis Olivas, y varios empresarios, por haber emprendido actuaciones "de dudosa racionalidad económica" en perjuicio de la entidad.
La entidad valenciana fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del Fondo.
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