Ni un ápice se mueve del discurso de Génova: si Moncloa quiere su apoyo para prorrogar el decreto económico contra los efectos de la guerra tendrán que pactar el plan fiscal de Feijóo. Una oferta que Sánchez, de momento, no se plantea. Así, el viejo debate del mes de abril se instalará, de nuevo, en el mes de junio: los socialistas pedirán explicaciones a los populares por no apoyar un plan que ayuda a la ciudadanía y los de Feijóo exigirán deflactar la tarifa del IRPF y reducir el gasto burocrático. Un escenario que solo se diferenciará con respecto al de hace dos meses por el contexto electoral en Andalucía.
Ayer, el presidente Sánchez aseguró en su intervención ante el Grupo Socialista en el Congreso que el Gobierno iba a prorrogar tres meses el plan de respuesta económica a la crisis de Ucrania ante la inminente caducidad del decreto actual, que dejará de ser efectivo el próximo 30 de junio. Durante todo ese tiempo no se ha introducido ninguna enmienda a este decreto, que fue aprobado como proyecto de ley precisamente para incluir medidas de otros partidos. La duda ahora está en si la prórroga solo servirá para extender las mismas medidas aprobadas de finales de abril o si se incluirán nuevas. El ministro de Consumo desveló que el Ejecutivo "está estudiando y negociando" introducir una mayor progresividad en la bonificación del combustible (ahora está en una ayuda de 20 céntimos el litro). Sin embargo, la ministra de Hacienda rechazó de facto esa posibilidad, limitando la prórroga a lo ya aprobado en su día.
Aquello que recibió luz verde en su día en la Cámara Baja -con el apoyo clave de Bildu- movilizó 16.000 millones. Este decreto se dividió en cuatro puntos: energía (manteniendo la rebaja fiscal del 60% en la factura, regular los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas), transporte (ayudas directas de 450 millones, en concreto, 1.250 euros por camión), apoyo a pymes y autónomos (con 10.000 millones en avales además de más de 400 millones para el sector primario) y ayudas a trabajadores y personas vulnerables (20 céntimos de descuento por cada litro de combustible hasta junio, el límite a la subida de los precios de alquiler al 2% o la prohibición de despedir a aquellas empresas que reciban financiación pública).
"Los tiempos del Gobierno están en otro mundo. No ha atendido a ninguna de las enmiendas del PP; y ahora dejará extender el decreto anticrisis. Además, los fondos europeos no llegan. Hoy un medio publicaba que solo se ha ejecutado el 2%. Pero esto no es lo único. Tampoco sabemos nada sobre cuándo va a llevar al Congreso el tope del gas, que llega ya varios meses tarde mientras seguimos pagando la electricidad a precios desorbitados", critican con dureza fuertes internas del PP. Desde el partido insisten: solo si incluyen sus medidas fiscales (deflactar los tramos del IRPF, reducir el gasto burocrático y destinar el 7% de los fondos europeos a incentivos fiscales) salvarán su decreto este mes de junio. Las espadas están ahora en alto después de que el presidente dijera que "esperaba" que Feijóo apoyase su decreto.
El plan fiscal, silenciado en Europa
Durante estos días, el político gallego ha visitado Bruselas para asistir al Congreso del Partido Popular Europeo, donde se presentó ante sus otros homólogos. Ante todos ellos, se quejó de la opacidad y la tardanza con la que estaban aterrizando los fondos en nuestro país. Por otro lado, añadió que una mitad del Gobierno estaba en contra de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid.
Un día antes, sin embargo, se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Una entrevista que fue en calidad institucional y no como compañera del partido. Allí, le confirmó que en cuanto llegaran al poder cumplirían con el plan de los fondos europeos aprobado por el Gobierno de Sánchez. Fuentes del PP aseguran a este periódico que no se trató su plan fiscal, que tiene como medida estrella deflactar la tarifa del IRPF. Además, su compromiso de continuar con la línea marcada por Sánchez en el Plan de Recuperación pone en aprietos otra de sus medidas, como es destinar hasta el 7% de los fondos a incentivos fiscales.
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