Madrid.- La fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Monfort ha mantenido hoy su petición de 12 años de cárcel para la ex portavoz de la ilegalizada Askatasuna Ohiana Agirre al entender que ha quedado demostrada su integración en ETA como dirigente de esa organización, que "sigue las directrices" de la banda terrorista.
Así lo ha expuesto la representante del Ministerio Público al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en el juicio que hoy se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra Agirre, la última presunta dirigente de Askatasuna que quedaba por juzgar después de que este tribunal condenara en 2008 a penas de entre 8 y 10 años a 21 de sus dirigentes, entre ellos a su líder Juan María Olano.
En su informe, Monfort ha recordado que en esta sentencia, y la que dictó el Tribunal Supremo en 2009 ratificándola, el tribunal llegó a la conclusión de que Askatasuna y su antecesora Gestoras pro Amnistía (que fueron ilegalizadas) son la misma organización y persiguen los mismos objetivos, siguiendo las directrices de ETA.
La principal prueba que ha esgrimido para demostrar la vinculación de Agirre con Askatasuna ha sido un pen drive que le fue intervenido en su bolso cuando fue detenida en octubre de 2007 y en el que guardaba documentos que "no puede poseerlos una persona que no guarde relación" con esa organización.
"No es una participación esporádica", ha destacado la fiscal al señalar que la acusada mantuvo un cargo de responsabilidad desde 2006 hasta 2007 en Askatasuna, tal y como demuestran las manifestaciones encabezadas por ella en favor de los presos, alguna de ellas prohibida, o de las ruedas de prensa en las que participó, con lo que se cumple, ha destacado, el requisito de permanencia para acusarla de un delito en integración en ETA.
Además ha valorado el silencio de la acusada, que se ha negado a declarar, como la inexistencia de una explicación con la que contrarrestar las pruebas contra ella.
La acusación popular, representada por la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo (AVT), ha pedido que se la condene a 13 años de prisión porque los documentos intervenidos en su pen drive y en su domicilio demuestran su importancia dentro de la organización.
También que diga en una rueda de prensa que se va a celebrar una manifestación a pesar de estar prohibida porque "eso solo lo puede decir alguien con relevancia en la organización".
La defensa de la acusada ha reclamado por su parte la absolución de su clienta porque no ha quedado acreditado que la documentación intervenida fuera de ella (compartía piso con otra persona que fue detenida meses después que ella).
En caso contrario, ha considerado que debería ser condenado a una pena inferior a la solicitada por las acusaciones porque no ve justificada que se le aplique la agravante de dirigente al delito de integración en ETA y que además se le pida una pena mayor que a Olano.
De haber quedado algo probado, ha dicho la abogada Ainhoa Baglietto, sería que Agirre, que en esos años trabajaba en una ikastola, formaba parte de un área de Askatasuna en Guipúzcoa y que el hecho de tener documentación sobre el Tren de Alta Velocidad (TAV) no la convierte en responsable del aparato político de ETA, EKIN.
Los peritos que han testificado en el juicio han explicado que Askatasuna está integrada en el entramado de ETA, para controlar el denominado "Movimiento Pro Amnistía" y a las organizaciones y colectivos de presos y ex presos de ETA y de etarras huidos que lo constituyen, entre ellos Etxerat.
Agirre fue identificada en una docena de actos celebrados entre 2006 y 2007, fundamentalmente ruedas de prensa, concentraciones en favor de presos de ETA o en manifestaciones, entre las que destaca una del 9 de septiembre de 2007, que fue prohibida y a la que concurrió junto a Olano, quien acabó detenido.
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