Casi cuatro meses después del arranque del juicio por el 'procés', las posiciones entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en lo que a la tipificación del delito se refiere se mantienen exactamente en el mismo punto; es decir, totalmente separadas. La antepenúltima sesión de procedimiento ha puesto de manifiesto que siguen sin confluir en lo que a la comisión del delito de rebelión respecta. Así pues, mientras la Fiscalía ha ratificado su acusación por delito de rebelión al considerar que los hechos que se juzgan supusieron un ataque al orden constitucional, la Abogacía sigue sin ver violencia y apunta a un ataque al orden público.
Esta ha sido la diferencia más notable de las acusaciones que integran el juicio por la deriva independentista en Cataluña. De este modo, los cuatro fiscales del alto tribunal al frente de este procedimiento defendieron, con más énfasis si cabe que en la fase de cuestiones previas, que los hechos acaecidos en Cataluña los meses de septiembre y octubre de 2017 entrañaron violencia, llegando a alcanzar la categoría de golpe de Estado, tal y como lo definió el fiscal de Sala Javier Zaragoza. Fidel Cadena, por su parte, centró su intervención en el tipo concreto de la rebelión y expuso que para que exista la misma no hace falta violencia física puesto que emplearon la intimidación para conseguir llevar a la práctica su propósito de proclamar la independencia de Cataluña.
El Ministerio Público lleva hasta el final su calificación de los hechos relacionados con los incidentes que ocurrieron los días 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona, así como la celebración del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI). También se mantuvo en su línea la abogada del Estado Rosa María Seoane puesto que, de acuerdo con su versión de estos mismos hechos, solo se pueden entender como constitutivos de sedición porque no se puede equiparar violencia con el uso de fuerza. "El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo", dijo Seoane, la cual, sin embargo, considera que sí se produjo un alzamiento público tumultuario.
La pelota queda ahora en manos del tribunal que integran siete magistrados de la Sala de lo Penal una vez el juicio quede visto para sentencia el próximo 12 de junio. La disparidad de criterios en cuanto a la tipificación del delito lleva aparejada una variación en las penas de prisión para los principales acusados. Así, mientras el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras -considerado para la Fiscalía el "motor principal de la rebelión"- se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel; los servicios jurídicos del Estado piden para él 12 años. Lo mismo ocurre para otros acusados como Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para los que Fiscalía pide 17 años de cárcel y Abogacía ocho.
Sin embargo, hay más puntos de confluencia que de divergencia entre dos de las tres acusaciones del proceso, las cuáles ampararon su razonamientos en el gran volumen de testificales y periciales expuestas durante el procedimiento. De este modo, ambas partes coinciden en no centrar el foco únicamente en los meses clave de la deriva soberanista y echar la vista atrás hasta llegar al gobierno de Artur Mas. Tanto es así que aprovecharon sus largas intervenciones para recordar que se produjo un incumplimiento sistemático de las órdenes del Tribunal Constitucional ya bajo el gobierno del antecesor de Carles Puigdemont, el cual está condenado por el Tribunal de Cuentas y por el TSJC por delito de desobediencia por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
La agenda Moleskine; prueba de cargo
Aunque los acusados se desvincularon de la agenda Moleskine incautada a Josep María Jové durante unos registros ordenados por el juzgado 13 de Cataluña, para el Ministerio Público el documento se puede considerar como una auténtica prueba de cargo. "Hay que leerse el contenido de esa agenda para comprobar que eso es lo que se podía llamar 'el Estado mayor del procés'", expuso el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza de cara a demostrar que había concierto entre el Parlament de Cataluña, el Govern de Puigdemont y las asociaciones civiles para declarar la independencia de Cataluña. Este documento, convertido en la hoja de ruta de la deriva independentista, es determinante para demostrar que "la sombra del 9-N sobrevolaba entre los miembros del Govern", expuso por su parte Seoane.
El foco en Forcadell
Mención especial tuvo durante esta sesión el papel que desempeñó Forcadell desde la presidencia del Parlament. "Fue un auténtico bastión", llegó a decir la Fiscalía en su turno en relación a su labor activa para que la cámara regional diera el visto bueno a las normas de desconexión, posteriormente suspendidas por el Tribunal Constitucional. También la abogada del Estado hizo mención especial sobre la acusada. De hecho, los servicios jurídicos del Ejecutivo le otorgan igualmente una labor "fundamental" en la creación de "apariencia de realidad y de marco paralelo completamente ilegítimo" con el que dieron luz verde a las leyes que precedieron la celebración del 1-O.
Las acusaciones también hicieron hincapié durante su exposición final en que los hechos que llevaron a cabo los doce acusados son acciones diluidas en un todo común. Así, por ejemplo, en lo que respecta al delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía considera que todos y cada uno de los exmiembros del Govern son responsables de ello aunque de sus respectivas consejerías no salieran partidas concretas destinadas a sufragar los gastos del referéndum ilegal. Tesis compartida con la Abogacía del Estado. Rosa María Seoaine ha sentenciado que "queda fuera de toda duda" el hecho de que los miembros del Govern de Puigdemont actuaron "cada uno dentro del rol que tenía asignado" de forma predeterminada y organizada en la configuración previa de lo que acabaría escenificándose en la consulta prohibida del 1 de octubre.
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