La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión provisional incondicional para siete de los nueve integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes . El Ministerio Público ha efectuado esta petición después de que todos ellos hayan prestado declaración en la Audiencia Nacional por su presunta integración en una organización criminal de naturaleza terrorista, dado que los otros detenidos quedaron en libertad con cargos. Fuentes jurídicas explican que se les atribuye, además, tenencia de explosivos y conspiración para el delito de estragos.
Según explica la Fiscalía en una nota, los siete detenidos que han pasado a disposición judicial tenían la finalidad de "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". "La gravedad de las penas que tales delitos conllevan, el riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas han determinado la solicitud de la medida cautelar solicitada", reza la nota que firma el fiscal teniente de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo.
Las declaraciones han comenzado a primera hora de la mañana después de que agentes del Instituto Armado les trasladaran de las comandancias de Tres Cantos (Madrid), donde han permanecido desde última hora del lunes. Los primeros en ser interrogados por el magistrado Manuel García Castellón han sido los dos detenidos que se han desmarcado de la estrategia judicial del resto y han optado porque les defiendan abogados de oficio. Ambos admitieron en su declaración en la comandancia del Instituto Armado que habían comprado los explosivos incautados por los agentes y que practicaron previamente con determinados artefactos.
Los otros cinco en desfilar ante el instructor de la bautizada como 'Operación Judas' y que están siendo representados por el colectivo Alerta Solidària, han negado los hechos que se les imputan asegurando que no guardan relación alguna con ningún grupo terrorista. Las fuentes consultadas explican que únicamente han respondido a las preguntas de sus letrados al tratarse de una causa que sigue bajo secreto de sumario. "Cuando estamos en un proceso así, a pesar de que hemos solicitado que nos dejaran ver el expediente, no se puede ejercer una defensa en estas condiciones", ha dicho a los medios Eva Pous, letrada de cinco de los acusados.
La decisión queda ahora en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que decidirá sobre la petición del fiscal teniente Miguel Ángel Carballo, al término de las vistillas que se van a celebrar a primera hora de la tarde. De lo que resulte en las mismas los siete de los nueve detenidos en el operativo del pasado lunes podrían salir andando o bien ingresar en prisión provisional, en caso de que el juez atienda el requerimiento de la Fiscalía.
La detención de los nueve CDR vino acompañada de la práctica de una decena de registros en las localidades catalanas en las que hallaron planos del cuartel de la localidad de Canovelles (Barcelona) así como termita ya mezclada. Los agentes también se incautaron de un listado de precursores como son ácido sulfúrico, parafina, gasolina, decapante y aluminio, confirmándose de este modo las sospechas de los investigadores acerca de que estaban preparados para actuar aprovechando el aniversario del referéndum del 1-O así como la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo.
En su nota difundida a los medios, el Ministerio Público expuso que las pruebas con las que contaba la investigación -iniciada más de un año antes- evidenciaban el avanzado grado de preparación "de sus proyectos terroristas con fines secesionistas". Por su parte, una veintena de personas simpatizantes con la causa, entre ellos algunos dirigentes políticos, se han concentrado en los alrededores de la Audiencia Nacional para mostrarle su apoyo. Tal es el caso de Miriam Noguera, vicepresidenta del PDeCAT; Marta Rosique, diputada de ERC y María Sirvent (CUP).
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