La Fiscalía Anticorrupción ha retirado la petición de imponer una fianza de medio millón de euros al expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio J. Béjar, después de que éste haya comparecido por tercera vez en la Audiencia Nacional para declarar acerca de los diversos encargos que hizo el banco al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según informan fuentes jurídicas, los fiscales del macroprocedimiento han tomado esta decisión después de que el que fuera director de riesgos de la entidad haya aportado determinada documentación relacionada con este asunto concreto del caso Tándem.
El directivo, que acaba de ser cesado al frente de la presidencia de Distrito Castellana Norte, ha abandonado las dependencias judiciales sin que pese ninguna medida sobre él. La Fiscalía solicitó este viernes que se le dejara en libertad bajo fianza de 500.000 euros (la más alta de esta investigación relativa al BBVA) si bien la retirada de esta solicitud ha hecho que el juez no tenga que dirimir sobre este asunto y que, por tanto, se mantenga su situación de libertad.
Con la de este lunes se suman ya tres comparecencias en la Audiencia Nacional desde que fuera imputado en la causa por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos. El directivo integra la lista de los últimos nueve imputados en esta pieza por los encargos a Villarejo, ocho de los cuáles son directivos de la entidad. Mientras el grueso de ellos optó por acogerse a su derecho a no declarar en tanto la causa permanece secreta, Béjar aprovechó su primera visita para desmarcarse de la estrategia oficial y no negó la existencia de estos acuerdos.
En concreto, el exresponsable de riesgos del BBVA admitió que se efectuaron pagos desde el banco al entramado empresarial de Villarejo aunque no los relacionó con labores de espionaje sino con otro tipo de acciones tales como la localización de clientes morosos. Su segunda comparecencia en sede judicial, que tuvo lugar el pasado viernes, se produjo por orden del instructor que le citó tras conocerse que Distrito Castellana Norte habría destruido el pasado mes de junio documentos que podrían estar relacionados íntimamente con la causa.
Al término de la misma, los fiscales Anticorrupción al frente de la causa solicitaron al juez que le dejara en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de medio millón de euros. El magistrado postergó su decisión hasta este mismo lunes teniendo en cuenta que el directivo debía volver para continuar con su interrogatorio el cual se enmarca en su voluntad de colaborar con la Justicia. De hecho, para esta última visita ha aportado documentación que, según las fuentes consultadas, se trataría de justificantes que demostrarían la veracidad de la información entregada desde el banco a la causa.
Documentación clave
De hecho, la última batería de citaciones que ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción en esta novena pieza se produce tras incorporar a la causa una serie de documentación clave solicitada al banco y que guardaría relación directa con los departamentos de la entidad de los que dependían las cuentas bancarias desde las cuáles se efectuaron los pagos a Villarejo. El banco contactó por primera vez con el agente encubierto entre los años 2004 y 2005 para frenar el intento de asalto de Sacyr al capital de la entidad.
A este encargo concreto -bautizado como operación Trampa- siguieron otros que se prolongaron durante más de una década y que, de acuerdo con los fiscales Anticorrupción, afectaron a "áreas sensibles" del banco al tratarse de negocios "ilícitos". Para Villarejo estos trabajos se enmarcan en la necesidad de defender la soberanía nacional ante injerencias externas; no obstante, el Ministerio Público considera que con su actuación se produjo un ataque a "los derechos fundamentales" de las personas implicadas en esta pieza.
Entre ellos figurarían empresarios, políticos y periodistas, muchos de los cuáles han denunciado que se les interceptaron las llamadas en el marco de esta labor concreta. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación ante el instructor del BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, corrupción entre particulares y revelación de secretos.
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