Desde que los magistrados del Tribunal Supremo afirmaron, en el auto con el que suspenden cautelarmente la exhumación de Franco, que el dictador era “jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936” la polémica crece sin freno. Una parte importante de la judicatura contradice al máximo órgano judicial y defiende que el representante legítimo del Estado español en 1936 era Manuel Azaña. No obstante, la pregunta sobre cuándo se puede considerar a Franco jefe del Estado es discutible desde el punto de vista histórico. Veamos porqué.
Para abolir el régimen anterior, el 22 de diciembre de 1938 el Consejo de Ministros franquista designó una comisión de juristas para declarar ilegal la Segunda República. La conclusión, antes de terminar la guerra, fue que el Estado surgido el 14 de abril de 1931 no era legítimo, puesto que éste era fruto de una revuelta en las calles que habían derribado a la Monarquía. Básicamente, se esgrimió que la Segunda República surgió de unas elecciones municipales y no como un pacífico proceso constituyente.
La comisión franquista nunca tuvo como objeto real examinar los hechos acaecidos en 1931, sino justificar el golpe de estado del 18 de julio de 1936, ya que de haberse aplicado con rigurosidad, el argumento habría servido para disolver al mismo Consejo de Ministros que había nombrado a la comisión y por tanto, invalidado su dictamen. La sublevación no pasó por las urnas, ni se debatió en las cortes: simplemente se produjo.
Lo importante de la decisión de diciembre de 1938 no es su validez, sino su propia existencia: pone contra las cuerdas cualquier atisbo de convertir la historia en un conjunto de normas o leyes que emanan unas de las anteriores. El escritor Arthur Koestler lo definió de esta forma cuando examinó ‘in situ’ la creación del Estado de Israel en 1948, durante la primera guerra árabe-israelí:
“Como el proceso de la historia es irreversible, todo juicio se convierte en una función del tiempo: los actos violentos del pasado son los hechos consumados del presente y el estatus legal del futuro. Así, cualquier intento de definir la justicia histórica depende del punto del tiempo que se escoja como la hora cero” (A. Koestler, ‘Promise and Fullfilment. Palestine 1917-1949’).
Según se mueve la ficha por un imaginario tablero cronológico, hacia adelante o hacia atrás, las conclusiones varían. Hacia delante: con posterioridad a la proclamación de la Segunda República se convocaron unas elecciones para una Asamblea Constituyente de la que surgió la Constitución del 9 de diciembre de 1931. Hacia atrás: el Estado monárquico que regía Alfonso XIII, basado en la constitución de 1876 y que abolió la Segunda República, había sido alterado unos años antes por otro Golpe de Estado, el del general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923. En definitiva, tal y como apuntó Koestler, escoger la hora cero delimita bastante el resultado.
Sin embargo, el aspecto más relevante del dictamen franquista de abril de 1939, que anulaba la Segunda República, es que a pesar de que ni siquiera se había alcanzado la victoria, el bando sublevado actuaba ya con todos los mecanismos de un estado. No era nuevo. Tal y como explica el historiador Luis Suárez en su biografía de Franco, el 5 de agosto de 1937 la Junta Política aprobó los estatutos de FET y de las Jons, lo que sería el partido único, el Movimiento Nacional, cuya máxima autoridad se otorgaba al propio Franco. El 19 de octubre de ese mismo año se creaba el Consejo Nacional del Movimiento. El 30 de enero de 1938, el Consejo de Ministros y el 27 de agosto el Tribunal Supremo.
Es decir, desde el comienzo de la guerra y durante toda la contienda, el bando de los militares sublevados se dedicó no sólo a la consecución de una victoria, sino a la constitución de un nuevo statu quo. En cualquier caso, la verdadera hora cero del franquismo se produjo en la crucial semana del 21 de septiembre al 28 de 1936. La que culminó con la célebre designación de Don Francisco Franco Bahamonde como jefe del Estado, tal y como ha postulado el Tribunal Supremo esta semana.
La Junta de Defensa que se erigió como el órgano jerárquico de la rebelión militar entregó el día 29 de septiembre de 1936 las llaves de un nuevo Estado a Franco, porque permitió que éste no fuera sólo elegido como general de todos los ejércitos para un mando único, sino también como “Jefe del Gobierno del Estado”, una investidura que se pospuso hasta el 1 de octubre.
El papel de los monárquicos
El borrador del acuerdo lo redactaron entre el general del Ejército del Aire, el monárquico Alfredo Kindelán y Nicolás Franco, hermano del dictador. Los monárquicos fueron, irónicamente, los que entregaron en bandeja el mando supremo de la sublevación a Francisco Franco: serían después quienes terminada la guerra se opondrían de forma tímida al poder total que ostentaba el general, pero era demasiado tarde.
Las razones para designar a Franco se fundamentaron en que canalizaba ya en ese momento la crucial ayuda material de la Alemania nazi y la Italia fascista y había logrado los mayores éxitos de la breve campaña, como el paso del estrecho del Ejército de África y el avance desde el sur hacia Madrid, pero sobretodo, Franco era el artífice de la liberación del Alcázar de Toledo: un golpe de efecto propagandístico, dentro y fuera de España.
La conjura de los Kindelán, Ponte y Orgaz en la Junta de Defensa que presidía el veterano Miguel Cabanellas -quien en realidad era republicano- tuvo como resultado el origen de la dictadura que se comenzó a construir ese mismo día. Nicolás Franco maniobró de forma astuta para que la designación no sólo incluyera el mando único de los ejércitos, sino también del futuro Estado.
Los monárquicos, con Kindelán a la cabeza introdujeron la salvaguarda definitiva: Franco sería Jefe del Gobierno del Estado “mientras durase la guerra”. Aún así, según Paul Preston, el veterano general Miguel Cabanellas. que como presidente de la Junta de Defensa tuvo que firmar la propia autodisolución y la designación de Franco, advirtió a sus compañeros de armas: "Ustedes no saben lo que han hecho (...) va a dársele en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra ni después de ella hasta su muerte", ('Franco', Ed. Debate, 2015).
No se equivocaba: en el documento que se publicó en el Boletín Oficial del nuevo Estado, el 30 de septiembre de 1936, la aclaración de los monárquicos “mientras durase la guerra”, había sido eliminada. No habían transcurrido ni dos días y el general Francisco Franco ya se había hecho con todos los resortes del poder. La pregunta sobre cuándo se puede considerar a Franco jefe del Estado es desde el punto de vista histórico tan discutible como irrelevante. La realidad es que el bando sublevado se artículo como un nuevo Estado durante la guerra que nunca tuvo voluntad de restaurar ningún régimen anterior, ni siquiera el monárquico.
Se podría establecer que su legitimidad se comprometió en el mismo momento de su designación: el acuerdo de la Junta de Defensa fue hábilmente trastocado para eliminar cualquier limitación temporal. Los monárquicos recurrirían una y otra vez a este aspecto al terminar la guerra sin ningún resultado: Franco ya era el jefe del Estado cuando se proclamó la victoria el 1 de abril de 1939 y lo seguiría siendo hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.
Asumir la fecha del 1 de octubre de 1936 valida la propia historia que construyó el Estado franquista, puesto que hasta la derrota del bando republicano existió la figura del Presidente de la República, Manuel Azaña. Franco se convirtió en el jefe de un estado inexistente apenas tres meses después de estallara la guerra. Cuando terminó, sólo existía el suyo.
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