Gobierno español también impugna consulta soberanista alternativa en Cataluña

Madrid, 31 oct.- El Gobierno español acordó hoy impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria por el Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta informal y alternativa de carácter soberanista el 9 de noviembre.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la reunión semanal del Gabinete que se pretende con ello "asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia".

La respuesta del Ejecutivo catalán, unas horas después, fue la de empezar a estudiar acciones contra el Gabinete central, al que acusa de "abuso de poder y de derecho", según dijo en una comparecencia ante la prensa el presidente de la región, Artur Mas.

La decisión de impugnar por parte del Ejecutivo central llega al día siguiente de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.

Varias formaciones nacionalistas catalanas defienden desde hace meses la celebración de una consulta en la que los ciudadanos se pronuncien acerca de una eventual independencia del territorio y Artur Mas firmó hace varias semanas un decreto para convocarla.

Un primer recurso del Gobierno central fue admitido a trámite por el TC, lo que significó la paralización del referéndum.

Como respuesta, Artur Mas reiteró en ese momento su intención de que el 9 de noviembre los catalanes puedan votar y para ello defiende una consulta informal, sin validez legal, con el principal objetivo de que haya una participación amplia que haga ver el deseo de los ciudadanos de dar su opinión sobre la soberanía.

Esta segunda consulta, que se haría sin censo previo de electores y se podría prolongar hasta dos semanas a partir del día 9, ha vuelto a ser impugnada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) ante el Constitucional.

La vicepresidenta aseguró hoy que uno de los motivos es "evitar el fraude" a los ciudadanos, al tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional así como "proteger" a los funcionarios encargados de su preparación, porque cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia.

Horas después de conocer el acuerdo del Consejo de Ministros compareció ante la prensa el líder catalán Artur Mas, quien, aparte de anunciar acciones legales contra las medidas del Gabinete de Rajoy, dijo que mantiene los preparativos para la consulta.

Aseguró que contará con voluntarios, de modo que no habrá funcionarios implicados, y que su objetivo es proteger las competencias de su región en materia de participación ciudadana.