El Gobierno ha frenado la ampliación de la moratoria de los créditos hipotecarios y va a levantar el veto sobre el corte de suministros básicos a todos los afectados por el Covid. La decisión ya está tomada tras una tensa negociación entre los equipos de PSOE y Unidas Podemos desarrollada a lo largo de las últimas horas, según confirman fuentes de ambas formaciones a La Información. De esta forma el llamado "escudo social" que el Ejecutivo de coalición puso en marcha el pasado mes de marzo con motivo de la pandemia del Covid solo quedará ampliado parcialmente a partir del próximo 1 de octubre.
La decisión de no ampliar la moratoria de las hipotecas ha sido tomada por la Vicepresidencia económica, explican las fuentes consultadas. El departamento que dirige Nadia Calviño estaba al tanto de la negociación que mantenían los bancos con la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para ampliar esta moratoria con respaldo público. Sin embargo, el organismo supervisor presidido por José Manuel Campa ha establecido que no se debe extender esta medida más allá del 30 de septiembre y el Gobierno español ha asumido este mismo criterio. No es el primer freno que impone el equipo de Calviño ya que la prestación para padres con hijos en cuarentena por contacto con un positivo aunque tengas una PCR negativa está siendo paralizada.
Algo similar ocurre con la ampliación del veto al corte de suministros de agua, luz y gas. A partir del próximo día 1 de octubre se levanta esta prohibición a todos los afectados por la Covid, ya que el consejo de ministros tampoco incluirá esta medida en el decreto que tiene previsto aprobar este martes. Únicamente se mantiene el veto para los "colectivos vulnerables". La decisión ha provocado fuertes discrepancias con Unidas Podemos. El partido dirigido por Pablo Iglesias ha presionado con insistencia en las últimas horas para que se contemplara esta decisión en el decreto final pero el acuerdo no ha sido posible.
El Ejecutivo sí ha aceptado, según las fuentes consultadas, reformar el bono social eléctrico para que las familias en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a él de una forma rápida y directa. La medida verá la luz, asimismo, en la reunión de Moncloa de este martes y tiene el objetivo de evitar que ese "escudo social" activado para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más necesitados de la población decaiga tras la finalización del estado de alarma. El acuerdo final solo ha sido parcial.
Desahucios prohibidos hasta febrero
El consejo de ministros también ampliará la prohibición de los desahucios y de establecer subidas abusivas en los contratos de alquiler hasta, al menos, febrero de 2021. Así consta en el orden del día del cónclave previsto en el que también se prorrogarán los ERTE hasta la misma fecha. Esta negociación está pendiente de la aprobación por parte de los empresarios en la mañana de este mismo martes.
En concreto, la decisión del Gobierno de coalición consiste en prorrogar hasta el próximo 31 de enero la prohibición de ejecutar desahucios bajo las mismas condiciones que el Real Decreto-Ley aprobado en marzo y que ya se prorrogaron el pasado mes de julio.
En cuanto a la vivienda, el Gobierno pretende aprobar la prórroga de las medidas que afectan a los grandes tenedores. Bancos y fondos de inversión tendrán que decidir entre reducir el 50% el alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, tres años. Las decisiones tanto sobre alquileres como sobre desahucios han sido defendidas en el seno del Gobierno por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. De hecho fue el propio Pablo Iglesias quien empujó a Pedro Sánchez durante los primeros de pandemia a aprobar este "escudo social" y, ya en julio, a prorrogarlo.
El consejo de ministros también dará luz verde al acuerdo alcanzado con las principales organizasciones de trabajadores autónomos este mismo lunes para prorrogar sus ayudas extraordinarias hasta el 31 de enero de 2021. Asimismo en el área laboral se alumbrará el pacto con los funcionarios para la implantación del teletrabajo entre los empleados públicos.
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