ICF última la presentación del aval ante el Tribunal de Cuentas fuera de plazo

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) aún no ha formalizado el aval que ha anunciado que presentaría para afrontar las fianzas de 5,4 millones de euros reclamadas a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña como presuntos responsables contables de los costes de la promoción del proceso independentista en el extranjero. El plazo para aportar dicha cantidad concluyó a las 12 de la noche de este miércoles, si bien fuentes del Tribunal de Cuentas han indicado que su presentación posterior no supondrá la inadmisión inmediata, sino que se registrará para poder estudiar si es compatible con el pago de unas sanciones por un presunto desvío de fondos públicos. De hecho, el órgano fiscalizador ha acordado otorgar un plazo de 48 horas "improrrogable" para que termine de tramitar dicho depósito.

Hasta el momento, según las mismas fuentes, sólo cuatro de los 34 presuntos responsables contables han afrontado en el plazo previsto la caución. Dos de ellos han aportado sus respectivas fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval. Tras el estudio de la documentación recibida, la delegada instructora Esperanza García entiende que los escritos registrados, tanto por los 29 representantes legales de quienes se han acogido al aval del ICF, como de otros implicados, constituyen un anuncio, por lo que concede dos días hábiles más -es decir el nuevo plazo concluye el próximo lunes- para su presentación correctamente, bajo la advertencia de que si no se cumplimentan correctamente procederá al embargo de bienes de los investigados, según establece la Ley de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas. 

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Cabe recordar que la cantidad reclamada en concepto de fianza tiene como objetivo garantizar el reintegro a las arcas públicas, en este caso la de Cataluña, los fondos que presuntamente se malversaron ante una posible sentencia condenatoria. De este modo, no se procederá al embargo de ningún bien de manera inmediata hasta que no se cuente con una resolución firme.

Las dos semanas de plazo comenzaron a correr el pasado 30 de junio, una vez que finalizó la diligencia del acta de liquidación provisional que se inició dos días antes, por el que el órgano fiscalizador comunicó que los gastos de las denominadas 'embajadas catalanas' y del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat', superaban los 5 millones de euros. Fue entonces cuando la Generalitat creó un Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros, que sería gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas, para poder actuar de contraaval al aval que una entidad financiera o cooperativa de crédito pusiera ante el órgano fiscalizador. El Govern de Pere Aragonès ha trabajado a contrarreloj para conseguir que una entidad apoyara su iniciativa, pero finalmente, tras no lograr su objetivo, ha recurrido al ICF para evitar que los bienes y propiedades de los líderes independentistas sean embargados.

Una vez que se formalice ante el Tribunal de Cuentas el aval para afrontar las cantidades exigidas cautelarmente a los presuntos responsables contables de la acción exterior del 'procés', entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, o el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, la delegada instructora tendrá que analizar si la administración puede responder a las fianzas por un presunto desvío de fondos públicos. 

Ante un posible fraude de ley

Fuentes jurídicas cercanas a este proceso y expertas en derecho administrativo consultadas por La Información advierten que la utilización de una entidad pública para un fin distinto al de su creación puede suponer un abuso o fraude de ley, algo que podría abrir una batalla legal. En el caso de la ICF, se creó como una entidad pública con el fin de dar apoyos en forma de créditos a las empresas y a los proyectos que necesitaran un empuje desde la Administración para salir adelante, con lo que usarlo ahora para hacer frente a las fianzas por el órgano fiscalizador puede salirse de su cometido. No obstante, las mismas fuentes consultadas apuntan que, aunque hay muchas dudas legales al respecto, uno de los aspectos que pueden jugar a favor de la entidad catalana, y que se admita su operación para afrontar la caución del Tribunal de Cuentas, es que sus operaciones y sus gestiones se fundamentan o rigen por el derecho privado. 

Desde el Tribunal de Cuentas se apunta que este asunto "se dirimirá cuando proceda" y que la delegada instructora por ahora se centra en estudiar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables. Será una vez concluido este trámite y revisadas todas las opciones presentadas para afrontar las fianzas cuando se proceda al embargo de aquellas cantidades que queden por cubrir, si es que queda alguna.

Así, una vez resuelto este trámite y todos los recursos presentados, será cuando se dé traslado de las actuaciones a la Fiscalía, a las acusaciones ejercidas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, así como a la Generalitat de Cataluña para que formulen sus correspondientes demandas. Tras ello, el asunto se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que proceda a juzgar estos hechos junto a los gastos de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que en enero de 2020 se estimaron en 4,1 millones de euros.