El plazo para consignar los 5,4 millones de euros de fianza que el Tribunal de Cuentas fijó a finales del pasado mes de junio termina este miércoles. Los 34 presuntos responsables de usar fondos públicos para promocionar el proceso independentista en el extranjero han tenido quince días hábiles para buscar cómo afrontar las cantidades impuestas por el órgano fiscalizador de manera provisional para asegurar el reintegro a las arcas públicas del dinero presuntamente desviado entre 2011 y 2017 para estas actividades, en caso de que finalmente sean condenados. El Govern trabaja a contrarreloj para conseguir que alguna entidad financiera ayude a los dirigentes independentistas investigados, si bien ante las dificultades que está teniendo para lograr su objetivo, los implicados en este procedimiento contable preparan ya sus bienes y propiedades para garantizar dicha caución.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas a La Información, que explican que las defensas de los ex altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, o el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, están estudiando qué parte de su patrimonio personal pueden poner a disposición del Tribunal de Cuentas y evitar así que sea el propio órgano el que decida qué bienes embargar. Un análisis que se está realizando al límite del vencimiento del plazo, que se agota a las 12 de la noche de este miércoles, después de que la delegada instructora rechazara dar más tiempo para aportar dicha cantidad, y tras conocer que la opción planteada por la Administración catalana no tiene visos de prosperar.
La Generalitat creó a principios del mes de julio un Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros de fondos extraordinarios de varios departamentos y gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a través del cual poder actuar como contraaval del aval que una entidad financiera depositaría para cubrir la fianza. El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, afirmó este martes en rueda de prensa que no han encontrado ni un banco o cooperativa de crédito que acepte colaborar en esta operación, cuyo objetivo principal es evitar que los investigados hagan un desembolso millonario. Las fuentes jurídicas consultadas al respecto señalan que el Govern seguirá hasta el último momento buscando la manera de presentar un aval, tal y como ha afirmado públicamente el 'conseller', que ha asegurado que persistirán "en las diferentes vías abiertas para lograrlo". No obstante, ha descartado la intención inicial de que sea el propio ICF el que haga frente a la caución, si no se encuentra un 'préstamo' que permita garantizar la fianza, ya que no se quiere poner "en peligro" a ningún funcionario.
La otra opción con la que cuentan los dirigentes independentistas para hacer frente a los 5,4 millones de euros que se han estimado que costaron las actividades de las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) es la conocida 'caja de solidaridad', que se nutre de las aportaciones de los ciudadanos y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones para abonar otras cantidades reclamadas en procedimientos relacionados con el independentismo.
Incertidumbre por si se completarán las fianzas
Ante la incertidumbre de conocer si estos dos mecanismos han conseguido acumular suficientes recursos para apoyar a los impulsores del 'procés' frente a posibles embargos, las defensas estudian los bienes y propiedades que sus clientes pueden poner a disposición del órgano que fiscaliza las cuentas públicas para completar la parte de las fianzas que pueda quedar sin cubrir. Por ello, según han indicado las fuentes jurídicas consultadas, los abogados plantearán nuevas alegaciones con el fin de ganar más tiempo para saldar la cantidad exigida. Asimismo, señalan que el periodo de dos semanas habilitado para el abono de la cuantía reclamada es un plazo "formal", lo que no impide que se pueda presentar opciones para frenar el 'bloqueo' de bienes unos días después, ya que el procedimiento de embargo no es inmediato.
Fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado que será la delegada instructora quien determine si todas las alternativas presentadas para afrontar los 5,4 millones fijados en el acta de liquidación provisional - que se comunicó el pasado 28 de junio- garantizan dicha cantidad ante una eventual condena, o por el contrario se debe proceder al embargo de los bienes de los 34 implicados hasta alcanzar la cantidad que considere que falta por afianzar. La principal cuestión que se pone encima de la mesa del órgano contable es si la procedencia de los fondos son compatibles con el pago de una caución por un presunto desvío de fondos. Así, en caso de que la Generalitat logre el aval de una entidad financiera, se pone en duda que la administración catalana -que además figura en el procedimiento como perjudicada-, a través del fondo creado 'ad hoc' a este procedimiento contable, pueda devolver al ente dicha cantidad con dinero público.
La fianza impuesta a los 34 investigados es solidaria, esto es, que entre todos deberán asumir el total de 5,4 millones de euros, o la parte que quede por afrontar. No obstante, de acuerdo al periodo temporal en el que cada uno de los presuntos responsables de la acción exterior del 'procés' desempeñaron su cargos, el Tribunal de Cuentas ha determinado las cantidades responsabiliza a cada uno de ellos, siendo el exsecretario del Diplocat Albert Royo la persona a la que más dinero presuntamente desviado se le atribuye (3,6 millones). Le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, a quien se le responsabiliza de 3,1 millones de euros; el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, con 2,95 millones; y el expresidente catalán Artur Mas y el que fuera de Economía Andreu Mas-Collel, por 2,8 millones de euros.
Los indultos no afectan a la devolución del dinero
En cuanto al que fuera responsable del departamento de Asuntos Exteriores Raül Romeva, el órgano fiscalizador le atribuye la responsabilidad contable de 2,1 millones de euros; mientras que a Puigdemont -huido de la Justicia española-, le corresponden 1,98 millones de euros y a Junqueras, un total de 1,96 millones. Cabe recordar que los exconsejeros de la Generalitat que fueron juzgados por el Tribunal Supremo y condenados por el delito de sedición, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat o el encargado del departamento de Exteriores, fueron indultados el pasado 22 de junio por el Gobierno. Una prerrogativa que en nada afecta a la devolución de los gastos de la promoción exterior del independentismo, ya que el 'perdón' del Ejecutivo es penal, y el procedimiento del Tribunal de Cuentas se rige por el derecho administrativo.
Una vez que haya concluido el plazo para cubrir la fianza impuesta y se hayan resuelto los diversos recursos presentados por los ex altos cargos de la Generalitat implicados en este procedimiento contable, se dará traslado de las actuaciones a la Fiscalía, a las acusaciones ejercidas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, así como a la Generalitat de Cataluña para que formulen sus correspondientes demandas. Tras ello, el asunto se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, para proceder a juzgar estos hechos junto a los gastos de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que en enero de 2020 se estimaron en 4,1 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios